05/12/2018

Al Gobierno le cuesta pasar el decreto de la “Doctrina Chocobar”

Al Gobierno de Mauricio Macri le resulta cada vez más difícil instalar la Resolución 956/2018 de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que amplía los casos en que se permite el uso de armas de fuego por integrantes de las fuerzas de seguridad federales. Al repudio automático de organismos de derechos humanos, se le sumaron las declaraciones en contra de su aliada Elisa Carrió, una denuncia por “abuso de autoridad” contra Bullrich y una reciente declaración de inconstitucionalidad del decreto por parte del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, que hizo lugar al amparo conjunto presentado por la Presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad Myriam Bregman, María del Carmen Verdú de CORREPI y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de gatillo fácil. Por ANRed.


Todo marchaba bien para el Gobierno de Mauricio Macri. Había dejado atrás el papelón internacional por el fracaso de sus operativos de seguridad por el River-Boca. Había recibido elogios a nivel internacional por la realización del G20 en Argentina. Y obtuvo una victoria política tras el fallo del juez Lleral, que decidió cerrar la causa por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Entonces, el envalentonado gobierno decidió que era un buen momento para instalar a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una mujer férrea y de mano dura, con el lanzamiento de la Resolución 956/2018, un decreto que amplía los casos en que se permite el uso de armas de fuego por integrantes de las fuerzas de seguridad federales. Un decreto que pretende convertir en ley la llamada “Doctrina Chocobar”.

Pero el fervor duró poco: en sólo algunos días consechó amplios repudios de organismos de derechos humanos, sorprendentes rechazos dentro de sus propias filas, una denuncia contra Bullrich y un revés judicial declara inconstitucional y judicializan la medida.

Quizás el rechazo que más sorpresa generó en propios y extraños vino de sus propias filas. La aliada del gobierno y referenta de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, salió en sus redes sociales al cruce de esta medida, dejando más que claras las grietas internas dentro de Cambiemos: “La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministró Bullrich viola los Derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo – sentenció – Esto no significa que la Policia no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano. A los que se enojan conmigo por mi posición en seguridad les digo, el día que maten a un hijo sólo por tener pelo largo o ser morocho se van a acordar de mí”, culminó.

Por su parte, el ex juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata Carlos Rozanski y el ex subsecretario de Derechos Humanos en el kirchnerismo, Luis Alen, denunciaron ante la justicia a Patricia Bullrich por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”, por el nuevo protocolo, “en atención a la gravedad de la situación que plantea” y que “puede ocasionar la muerte de personas”. En ese sentido, en la presentación sostienen que “se está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad“.

Es por eso que solicitaron una medida cautelar, que se dicte la inconstitucionalidad de la resolución 956/2018 y que se llame a indagatoria a Bullrich. La denuncia quedó a cargo de la jueza federal María Servini.

El último revés que recibió el Gobierno fue la declaración de inconstitucionalidad del decreto por parte del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, que hizo lugar a la medida cautelar presentada ayer por la referenta del CeProDH y Presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, Myriam Bregman, la abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente del gatillo fácil.

El juez determinó “la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la resolusión 956/18, y su inaplicabilidad en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y ordena al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “se abstenga de adherir o incorporar como pauta de acción local al citado reglamento federal o cualquier otro de naturaleza homóloga”.

“El Juez Gallardo acaba de conceder la cautelar y decretar inconstitucionalidad e inaplicabilidad en la Ciudad de Buenos Aires de ese reglamento que legaliza el gatillo fácil”, celebró Bregman en su cuenta de Twitter.

Si bien la medida judicial es en el ámbito porteño, es de esperar que el decreto gubernamental que pretende legalizar el gatillo fácil se judicialice y trabe a nivel nacional. Como antecedente cercano, está decreto del 2×1 que pretendía acortar la condena a los genocidas, y con el que el gobierno tuvo que dar marcha atrás debido a su judicialización y una multitudinaria movilización en rechazo a la medida.



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