01/12/2018

Ingenio Ledesma: muerte y despidos

Luego de recibir una descarga mortal mientras realizaba sus tareas en el interior de la fábrica papelera del Ingenio Ledesma, Juan Pablo Cari, trabajador contratado, murió el lunes. Por Mario Hernández.


Miguel López, concejal del PTS-FIT, señaló “en la empresa Ledesma se produjo una nueva muerte obrera que nos llena de bronca. Otra vez la desidia patronal se lleva una joven vida de un trabajador. Juan Pablo Cari trabajaba para una contratista y estaba realizando tareas de mantenimiento en la papelera y falleció por una descarga eléctrica”.

Siete nuevos despidos en el Ingenio Ledesma

La empresa de los Blaquier despidió nuevamente a 7 obreros azucareros. Los despedidos vienen a engrosar los 52 despidos de efectivos y fuera de convenio de mediados de año y la desvinculación sin causa de más de 31 trabajadores entre diciembre del 2017 y enero del 2018.

El ataque de la patronal está centralmente dirigido contra afiliados al Sindicato de Obreras y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) y los adherentes a la última huelga que convocó la Comisión Directiva en septiembre y octubre del 2017.

La amenaza que hace correr la empresa líder en la rama azucarera es que al finalizar la zafra van a despedir 200 obreros más.

En el marco del ajuste económico impulsado por Mauricio Macri a nivel nacional y Gerardo Morales en la provincia, el emporio azucarero de la familia Blaquier busca con estos despidos avanzar contra las condiciones laborales y los ingresos de la familia azucarera del ingenio Ledesma.

La tarea disciplinadora que vino a llevar adelante la Gerencia General de Javier Goñi se da mediante despidos sin causa, buscando aislar al activismo sindical y ponerlo a la defensiva, atemorizar a la base de la fábrica y el campo, para multiplicar así las ganancias de Ledesma SAAI en base a tirar abajo el salario, liquidar las conquistas en las condiciones laborales y aumentar los ritmos de producción.

Previamente a los despidos en el Ingenio Ledesma despidieron más de 338 trabajadores en el Ingenio La Esperanza por orden del gobernador Gerardo Morales, también en el Ingenio El Tabacal a más de 181 operarios y en el Ingenio San Isidro a unos 730 obreros. En lo que va del año 2018 hubo más de 1.300 despidos arbitrarios en la actividad azucarera de Jujuy y Salta, impulsados por el Centro Azucarero Regional del Norte Argentino -CARNA- que dirige la empresa Ledesma SAAI.

La patronal rechazó el petitorio del SOEAIL

La Comisión Directiva del SOEAIL viajó a Buenos Aires a reunirse con representantes de la patronal, en el Ministerio de Producción y Trabajo para reclamar un bono, la venta de un terreno para la construcción de un centro deportivo y otro terreno para instalar una nueva sede de la obra social azucarera en un barrio de los trabajadores y la paralización de las ejecuciones de viviendas del barrio Papa Francisco. También reclamó la reincorporación de los despedidos desde el 1º de diciembre del 2017.

Ante la negativa de los representantes de la empresa a todos los puntos solicitados, volvieron con el único compromiso de realizar una nueva audiencia conciliatoria el 10 de diciembre.

Los argumentos de la empresa fueron que los precios de los productos que venden en el mercado interno y externo han subido por debajo de la inflación, que sus ventas han caído de un 10% a un 15% en relación con el ejercicio anterior y que la zafra se ve afectada por las constantes precipitaciones, lo que imposibilitaría cosechar toda la caña de azúcar.

No obstante, sus ganancias de acuerdo al último ejercicio contable fueron de $ 277.131.000. Además durante 6 años no pagaron el Impuesto a la Ganancias, recibiendo una multa irrisoria de $ 100.000.

A la intransigencia patronal de Ledesma SAAI, que despide, persigue y se niega a conceder el más mínimo pedido de los trabajadores, deberá enfrentarla con la lucha obrera de los azucareros y sus familias, la gran fuerza social capaz de derrotar a esta patronal, e imponer la reincorporación de todos los despedidos.

Morales pretende vender el Ingenio La Esperanza  

A fines de agosto, en conferencia de prensa, Gerardo Morales, acompañado por el Ministro de Desarrollo y Producción, Juan Carlos Abud Robles, y el fiscal de Estado, Mariano Miranda anunciaron por segunda vez la venta del Ingenio La Esperanza.

Vale recordar que la presentación de la primera oferta llevaba la firma del buffet de abogados Mossack Fonseca, que recibió una catarata de denuncias en los Panama Papers, tras ser uno de los principales buffets de abogados involucrados en la evasión y fuga de capitales perpetuados por empresas off shore.

Meses más tarde exigió cambiar las condiciones cuando aún no había presentado documentación original de la constitución de la sociedad Alesa como tampoco depositado ninguna garantía de dinero.

De acuerdo al Juez Calderón “[…] la adjudicataria no ha cumplido con las exigencias dispuestas en la Resolución de Adjudicación, específicamente relativos a la inscripción y seguro de caución… habiéndose vencido con creces, el plazo nuevamente otorgado para dar cumplimiento a dichas condiciones…”

Horas más tarde de esta resolución, el gobernador saldría a anunciar un nuevo acuerdo que modifica la oferta realizada en el proceso judicial, premiando a Omega por sus incumplimientos, aceptando varias de las condiciones que impone la empresa y violando la resolución de adjudicación del 4 de abril.

Según los dichos de Morales, el nuevo acuerdo implica cambiar el CCT manteniendo a 600 trabajadores equiparados a otros Ingenios, empeorando sus condiciones de trabajo y otorgar mayor flexibilidad en los pagos a lo largo de 6 años a una empresa que declaró un capital en Argentina de $ 100.000 y tenía que depositar 18 millones de dólares antes del 10 de octubre. En conclusión Morales copia el modus operandi de su vecino gobernador de Salta, Urtubey, en el Ingenio San Isidro, vaciando la planta de trabajadores, aumentando los ritmos de producción con casi un tercio del personal generando más explotación sobre los trabajadores.

Este acuerdo ha sido realizado a espaldas del sindicato SOEAIL que por medio de un comunicado expresó que “no conoce ni ha sido notificado del acuerdo firmado por lo cual estamos a la expectativa” y que la semana anterior había tomado medidas de fuerza por el cobro de sueldos adeudados.

Medidas de protesta

Fue la primera acción llevada adelante por el Sindicato desde la represión en diciembre de 2017 por la falta de pago a los trabajadores del Ingenio y la reincorporación de los despedidos que no arreglaron el pase al Estado, entre otros puntos.

Además, denunció que el gobierno viene realizando los descuentos a la obra social por parte de los trabajadores pero no realiza dichos aportes por lo que a los trabajadores les están cortando el servicio. Algo similar ocurriría con la ART que el gobierno no viene cubriendo por lo que los trabajadores están realizando las tareas sin la cobertura.

Desde el gobierno no realizaron declaraciones al respecto y sigue la incertidumbre sobre la llegada de la firma Omega para hacerse cargo del Ingenio cuya “venta al contado” fue anunciada hace casi un año.

Ingenio La Esperanza: Omega no aparece, Morales no responde

A once meses del anuncio de 400 despidos por la “venta al contado” del ingenio azucarero, aún no hay indicios de la empresa adjudicataria y crece la bronca entre los trabajadores por la falta de pago de salarios.

Nuevamente crecen los rumores de la caída de la venta del Ingenio La Esperanza, ya que la firma Omega Energy, adjudicataria del cuestionado proceso licitatorio llevado adelante por el Juez de la quiebra, Dr. Calderón, aun no desembolsó ni un solo peso.

Mientras tanto, la preocupación de los trabajadores es por partida doble: por un lado el gobierno no está pagando los salarios de los trabajadores y, por otro, por la falta de inversión solo está funcionando el trapiche pequeño por lo que casi no puede decirse que inició la zafra.

Junto con el anuncio de la venta del ingenio, el gobierno anunció el despido de 400 trabajadores, asegurando que La Esperanza sólo podía ser rentable con 600 operarios. Desde un primer momento, se explicó que era imposible que el ingenio funcione de esa manera y que en realidad se buscaba liquidar todas las conquistas de los trabajadores.

Once meses después sólo se pudo poner a punto uno de los dos trapiches, que es el más chico y que produce “a vapor”, una tecnología casi caduca. Pero esto sólo lo pudieron hacer con una gran cantidad de horas extras, que en muchos casos significaron jornadas superiores a las 12 horas.

Por si esto fuera poco, muchos trabajadores que habían accedido a ir a trabajar al Estado provincial, están siendo convocados para cumplir horas en el Ingenio pero bajo la figura de monotributista. Es decir, precarizado, sin contar con el convenio, vacaciones, aguinaldo, ni siquiera ART.

Lo insólito de estas contrataciones es que aún hay 30 trabajadores despedidos que siguen reclamando su reincorporación y que deberían ser los primeros en ser convocados.

Aunque el juez que lleva adelante la quiebra anunció la adjudicación del Ingenio a la firma colombiana Omega Energy, sin embargo, el titular de la empresa, Omar Leal, fue exigiendo cambiar las principales cláusulas del contrato. En primer lugar pretendieron que se les entregue la titularidad del ingenio sin tener que realizar ningún desembolso de los U$S 86 millones ofrecidos. Se trata de una firma que realizó la oferta contando sólo con un capital societario de apenas $ 100.000 y, por lo tanto, requiere la titularidad para poder hipotecar los bienes del ingenio.

A esta aberración jurídica se le suma la exigencia de que los 600 trabajadores pasen a la nueva firma sin contar con sus categorías laborales, sin antigüedad y borrando de un plumazo las conquistas históricas como la temporada mínima de 10 meses. Entre los más afectados se encontrarían los trabajadores del campo. Todo esto es contrario a la oferta donde uno de los argumentos esgrimidos por el Dr. Calderón para realizar la adjudicación fue que Omega Energy ofrecía respetar las condiciones laborales.

El gobierno por su parte viene accediendo a los leoninos requerimientos del gerente Omar Leal. Al desembolso inicial para pagar las indemnizaciones a los despedidos, el gobierno se hará cargo del millonario pago a los obreros para que estos accedan a perder las antigüedades. Además de los salarios durante estos nueve meses y los costos de la “puesta a punto”.

Sin información en la Legislatura ni en la Justicia

Desde el bloque de diputados del PTS-Frente de Izquierda se denunciaron oportunamente estas irregularidades y se apoyaron todas las medidas que tomaron los trabajadores en defensa del Ingenio y de los puestos de trabajo. Como parte de eso, se presentó en la Legislatura un pedido de interpelación al ministro de Producción, Abud Robles, quien es el responsable y vocero del gobierno en lo que al Ingenio respecta. El bloque de la UCR se negó a tratarlo.

Mientras tanto también se negó a responder a través de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto, organismo creado por el gobernador Gerardo Morales para justamente informar a los ciudadanos de las acciones del gobierno. No conformes con esto, y ante el fallo de la justicia administrativa que requería al gobierno entregue los informes solicitados por el Frente de Izquierda apelaron, para mantener oculta la información.

Despidos en Salta y Jujuy por el parate de la obra pública agravan la situación laboral 

Se registraron despidos masivos en Salta y Jujuy por la paralización de la obra pública y se estima que unos 8.000 obreros de la construcción están sin trabajo, según datos de las seccionales de la UOCRA.

El caso de Salta tomó relevancia por una solicitada de la Cámara Salteña de la Construcción, donde anunciaron la “inevitable” disminución o paralización de obras en curso, “con el consiguiente despido de personal, alteración de la cadena de pagos, cierre de empresas y cancelación o retraso en la entrega de las obras a sus beneficiarios naturales”.

Los empresarios explicaron que están afectados por la inflación (los precios de construcción de las viviendas sociales estaría congelado desde abril de 2016) y el retraso de los pagos, por lo que aseguran que hicieron las gestiones ante organismos nacionales y provinciales, “pero no hemos obtenido ni respuestas ni soluciones”. Además de estos problemas la Nación redujo a la mitad los fondos para viviendas sociales.

“Debido a que Nación todavía no pagó las actualizaciones de precios y las empresas cobran a valor 2016, los ritmos de obras se vieron disminuidos. Por el contexto inflacionario del país es casi insostenible cumplir en tiempo con los planes de trabajo”, declaró el titular del Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, Sergio Zorpudes. Unas 1.500 viviendas sociales estarían paralizadas.

Ante este contexto, en el Uocra salteña hablan de unos 3.000 obreros de la construcción que perdieron su trabajo en lo que va del año, donde la actividad cayó a niveles de 2016. Alrededor de 2/3 esos empleos que se perdieron responden al freno de la construcción de viviendas. Otra obra que está paralizada es la del Ramal C12 del Ferrocarril Belgrano, que era parte del Plan Belgrano.

En el caso de Jujuy, a las constructoras se les estaría pagando con cheques diferidos, lo que se suma a la paralización por falta de fondos de muchas obras ya anunciadas. También en esta provincia se paralizaron obras del Belgrano Cargas, las del Ramal C15 en Yuto.

Según declaró el secretario general de la Uocra Jujuy, Carlos Cárdenas, “actualmente contamos con 5.000 compañeros desocupados en toda la provincia”. “Como no empiezan las obras, no hay empresas que incorporen trabajadores y las que inician no avanzan como nosotros esperamos o se paralizan y nuevamente quedamos sin trabajo”, explicó el dirigente.

 



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