02/02/2009

Centro clandestino de detención Hospital Posadas

300px-Hospital_Posadas-2.bmpA cuatro días del golpe del 24 de marzo de 1976, el policlínico Alejandro Posadas de Haedo fue tomado militarmente. A través de listas negras se seleccionó al personal que sería detenido. Entre mediados de ese año y el 77 funcionó allí un campo de concentración. Son decenas los trabajadores que aún continúan desaparecidos.

Bignone y el operativo de ocupación del Hospital

Un presentimiento de que lo peor estaba por venir enrarecía el aire en el Posadas. Después de golpe del 24 de marzo de 1976, los trabajadores convocaron a una asamblea para evaluar la situación que se abría con los militares en el poder. Estaba claro que el proceso de democratización emprendido en los años anteriores así como la apertura a la comunidad estaba llegando a su fin. El operativo del 28 de marzo comandado por el general Reynaldo Benito Bignone así lo confirmó.

Bignone
Si bien su designación como delegado de la Junta Militar en el Área de Bienestar Social data de un día después a la toma del Posadas, Bignone fue quien tuvo a su cargo esa acción. Tanques, bayonetas, soldados a doquier, helicópteros, largos celulares para cargar a los trabajadores componían un paisaje aterrador. Los trabajadores se acomodaban en largas filas, esperando que los militares revisaran las listas y determinaran su suerte. Ese fue el único día en la historia del hospital en que no se admitió a ningún paciente ni se otorgó ningún alta.

El pánico sería el denominador común de los días en el hospital Posadas. Existen testigos que narran que las listas negras mutaban continuamente. Atravesar un control por la mañana no era sinónimo de poder sortearlo a la salida. La amenaza de la detención recorría los pasillos del centro de salud. Una médica recordó ante el juez Daniel Rafecas cómo una colega había sido arrancada de una sala mientras revisaba a sus pacientes.

Agatino Di Benedetto
Tras el procedimiento militar apareció como interventor el coronel médico Agatino Federico Di Benedetto quien dispuso el licenciamiento de unos 66 empleados a partir del 1° de abril de 1976 así como declaró en comisión a todo el personal. Las licencias, en términos generales, coincidían con la nómina de trabajadores detenidos ilegalmente. El mismo Bignone reconoció que el nombramiento de Di Benedetto obedeció a su “conocimiento anterior de las condiciones de idoneidad y moralidad”. Esas condiciones le posibilitaron incorporarse con posterioridad a la dirección del hospital de Campo de Mayo y ser uno de los activos partícipes del plan sistemático de apropiación de niños y niñas montado por la dictadura. De hecho, en 1998 fue citado a declarar y admitió que en el hospital de Campo de Mayo dieron a luz embarazadas que habían sido secuestradas, y que los hijos de ellas eran robados por el Ejército.

Durante el primer período de la ocupación del policlínico Posadas, más de 40 personas fueron detenidas. La mayoría, dentro del hospital. Aunque esa no fue la única metodología. El nefrólogo Camilo Campos fue chupado en su casa, ubicada a cinco cuadras de su lugar de trabajo. Los trabajadores Ubaldo Álvarez, Liliana Conti, Oscar Moyano y María Rodríguez fueron secuestrados en un bar cercano a la universidad de Morón.

Casi la totalidad de lo detenidos fue alojada algún tiempo en dependencias del Posadas, mientras sus compañeros veían como avanzaban con los rostros tapados o a punta de fusil. Después, fueron trasladados a la Superintendencia de Seguridad Federal, a la Unidad 2 de Devoto o a la unidad 8 de Olmos, ambas dependientes del Servicio Penitenciario Federal. En muchos de los casos, los secuestrados pasaron previamente por la Unidad Regional 1 de Morón de la policía bonaerense. Todos los traslados se hicieron en patrulleros o celulares policiales, dejando en evidencia la colaboración prestada por la Policía al Ejército, a cargo de la subzona hasta ese entonces.

“Hay varios compañeros que estuvieron meses en cárcel”, relata Fabia Ruíz Vargas, actual trabajadora del hospital Posadas e hija de Josefina Pedemonte, una de las trabajadoras desaparecidas. Si bien posteriormente fueron legalizados, fueron días en que familiares y compañeros no sabían qué destino habían corrido estas personas llevadas a fines de marzo desde su lugar de trabajo.

Tiempo después de estas detenciones y de la llegada de Di Benedetto, aparecieron en escena tres hombres que se presentaban como abogados del Ministerio de Bienestar social. Saravia, Milseo y Centeno- tal como se dieron a conocer- interrogaban al personal que había sido liberado así como a personas que aún estaban en cautiverio. El interrogatorio versaba sobre las inclinaciones políticas y las supuestas actividades subversivas cometidas en el centro de salud. Amanda Morales fue quien el jefe de personal designó para tipear las declaraciones.

El nuevo interventor y los swat

Poco menos de un mes después de la ocupación del hospital Posadas, el ministerio de Bienestar Social designó al coronel médico Julio Ricardo Esteves como director interino. El clima de terror que se había instalado con la intervención de Di Benedetto se profundizó con la llegada de Estéves y su equipo.

El 14 de mayo, el flamante director solicitó la designación de un grupo de 20 hombres para “organizar el servicio de vigilancia”. Fundaba su requerimiento en las “condiciones de seguridad contra las agresiones externas de las villas contiguas e internas, de resentidos, disociadores y subversivos”. Además, afirmaba en su nota: “Se hace notar que la Policía provincial denegó el pedido de protección con un destacamento permanente por considerar demasiado peligrosos el lugar; que el muro de protección contra las villas está aún en el papel, que los cargos asignados para personal de vigilancia son tan bajos que no atraen a gente con aptitudes, que los robos, sabotajes, panfletos y acción psicológica enemiga continúan y que el saneamiento contra la subversión y la deshonestidad no ha terminado, todo lo cual exige un mínimo de seguridad”.

Esta guardia armada no uniformada designada por el ministerio de Bienestar Social fue apodada por los trabajadores como los SWAT, cuya sigla significa Special Weapons Attack Team (Equipo de ataque de armas especiales). En los 70 se había popularizado una serie televisiva con ese nombre y el equipo de seguridad de Esteves era una devaluada versión vernácula, dedicada al control y represión de los trabajadores del establecimiento sanitario.

“Estaban aquí dentro del hospital, lo recorrían, amenazando a los compañeros y hacían lo mismo en los barrios que están por atrás del policlínico. Así es que no solamente hubo compañeros desaparecidos del hospital sino también del barrio”, relata Ruiz Vargas. Según recordaron testigos, los swat ostentaban armas y hasta llegaban a practicar tiro al blanco en un lugar cercano a la guardería. El director Esteves decía que era un entrenamiento pues estaban esperando un ataque de la villa vecina.

El chalet

fallo18.jpgEn lo que hoy es la escuela de enfermería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en el mismo predio del hospital, funcionó un centro clandestino de detención conocido como “el chalet”. Por los testimonios de los sobrevivientes de ese campo de tortura y muerte, se pudo deducir que funcionó entre fines de 1976 y principios de 1977 y estuvo controlado directamente por los swat.

Era una casa de dos plantas y la parte inferior era empleada por los mismos torturadores. Tal como afirmó la sobreviviente Gladys Cuervo, el lugar no era ajeno a la macabra dualidad que embargaba a todo el hospital Posadas. Un día, mientras padecía el cautiverio, escuchó risas de chicos que venían de la planta baja. Al rato, se enteró que la hija de uno de los represores estaba de visita.

La actividad de los swat en el chalet se hizo insostenible para finales de enero de 1977 cuando la Fuerza Aérea, a cargo de la subzona desde el lanzamiento de la disposición “Provincia” que la habilitaba a intensificar la lucha “antisubversiva” en la zona oeste, realizó un operativo militar que concluyó con la detención de los swat y el desmantelamiento del chalet. Los detenidos pasaron a estar en poder de la Aeronáutica. El botín de guerra sólo pasaba de manos

En simultáneo con el alejamiento de los swat se produjo la separación e su cargo del coronel médico Julio Ricardo Estéves. Dentro de los torturadores identificados, a mediados de la década de 1980, por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP) se encontraban Luis Muiña, José Faraci, Oscar Teves, Hugo Delpech, Juan Copteleza, Victorino Acosta, Ricardo Nicastro, Cecilio Abdenur, Argentino Ríos y Alberto Benavidez. Nicastro era el jefe de servicio de vigilancia, o sea, del grupo denominado swat.

Los desaparecidos del Posadas

La CoNaDeP probó la desaparición de sólo once trabajadores y trabajadoras del Posadas. “En realidad, hubo muchos más compañeros desaparecidos. De hecho, en testimonios de la comisaría de Castelar se habla de un matrimonio que trabajó en el Hospital Posadas y no se saben los nombres. Hace cinco años se agregó a la lista de desaparecidos a otro compañero que trabajó acá. Debe haber muchos casos más que no se llegaron a rastrear. Incluso hay una compañera que trabajaba en Zoonosis que no figuraba en los padrones de personal. Lo mismo pasaba con mi mamá”, explica Fabia Ruiz Vargas.

Josefina Pedemonte, la madre de Fabia, era empleada de la guardería del hospital Posadas y dependía del Instituto de obras Sociales (IOS). Fue secuestrada el 10 de agosto de 1976 de su casa en Castelar cuando estaba con sus tres hijos de doce, nueve y seis años de edad. “En el caso de mi mamá, el operativo no fue realizado por los swat. Cuando vienen a casa, estaban bien vestidos, obviamente haciendo ostentación de armas. Pero no con esa brutalidad que caracterizaba a los swat. No rompieron nada. Mi mamá quería agarrar los documentos, no la dejaron; ir a cambiarse, tampoco”, reconstruye.

“Los desaparecidos no tienen que ver todos con la patota del swat. Hubo varias líneas. Por ahí, tendrían que ver con diferencias partidarias, políticas. No es que a todos los desaparecieron por ser trabajadores del hospital”, explica Ruíz Vargas.

En varias actas de las autoridades del hospital, se reconoce la existencia de trabajadores desaparecidos. En enero de 1977, se le informó al director nacional de Establecimientos sanitarios que nueve agentes han desaparecido. En febrero de ese mismo año, se hace saber que las desapariciones se produjeron entre el 5 de noviembre de 1976 y el 5 de enero de 1977, fecha que coincide con la puesta en marcha del chalet como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. En ese mismo escrito se consignó que los trabajadores desaparecidos eran Gladys Cuervo, María Cairo de Garasino, Rubén Galluci, Jacobo Chester, Arnaldo Tenconi, Julio César Quiroga, Jorge Roitman y Ricardo Mateo Landriscini.

Si dudas quedaban acerca del conocimiento de los motivos de las desapariciones, el director interino Esteves escribía el 9 de febrero: “Con respecto al resto de los empleados faltantes, si bien se desconoce su paradero, se opina que para justificar el no cumplimiento de los requerimientos del Departamento de personal, debería tenerse en cuenta el ambiente de lucha antisubversiva, tratando de no interferir con los organismos legales que la lleven a cabo.

Responsabilidades: todo un ejemplo de accionar conjunto de las fuerzas represivas

El Hospital Posadas estaba encuadrado en lo que se conoció como el marco territorial y operacional del Primer Cuerpo de Ejército. El Ejército tenía responsabilidad primaria en la dirección de operaciones vinculadas a lo que ellos llamaban la lucha contra la subversión, es decir, la puesta en marcha de un plan sistemático de exterminio.

Así fue que el general Bignone dirigió el operativo del 28 de marzo de 1976 que concluyó con la ocupación militar del hospital y con la detención de cerca de 40 trabajadores. Como relataron testigos, los detenidos fueron trasladados a comisarías y /o a Coordinación Federal o a los penales de Olmos y Devoto en celulares o patrulleros policiales.

Con la llegada en abril del coronel médico Estéves a la dirección del nosocomio, el ministerio de Bienestar Social fue quien destinó los recursos para nombrar a la patota llamada “swat”. Esa cartera era un feudo de la Armada durante la dictadura. A partir de estas designaciones, se otorgó mano de obra para la persecución en el hospital y la instalación del centro clandestino de detención en el chalet que alguna vez albergó al director del centro de salud.

Por su parte, el 14 de junio e 1976 la Fuerza Aérea dio a conocer la orden de operaciones Provincia que dejaba bajo su control directo la subzona 16, es decir, el Oeste del Gran Buenos Aires. De hecho, fue la Brigada Aérea de Palomar la que tuvo a su cargo el operativo de detención de los swat y desmantelamiento del centro clandestino ubicado en el chalet. También, fue esa dependencia de la Aeronáutica la que chupó nuevamente a los secuestrados.

De hecho, una ex detenida- desaparecida de los campos de concentración del Oeste da cuenta del vínculo que existía entre la base aérea del Palomar, la comisaría de Castelar, la comisaría de Haedo y el hospital Posadas. Susana Ávalo relata que tras haber pasado por la base aérea y la comisaría de Castelar, es citada por uno de sus captores a una cuadra de la dependencia de Palomar. “A los dos o tres días de haber recuperado la libertad, concurro a la cita. Esta persona estaba en un automóvil, me invita a subir y me lleva hasta el instituto Posadas, a una de las partes que da sobre avenida Martínez de Hoz y Pedriel, que era un dispensario donde había gente de civil realizando la vigilancia”. Semanas más tarde la cita de control se repite, esta vez con una visita al chalet del Posadas.
untitled-12.bmp

¿Y la justicia?

A mediados de noviembre, el juez Daniel Rafecas elevó a juicio el tramo correspondiente al Hospital Posadas dentro de lo que se conoce como la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército. La responsabilidad de enjuiciar a Bignone y a cuatro represores más estará en manos del controvertido Tribunal Oral Federal 5, que ya juzgó al ex brigadier e imputado en esta causa Hipólito Mariani por crímenes cometidos en Mansión Seré, centro clandestino integrante del circuito represivo del Oeste. Tal como se estipula por el diseño jurídico vigente y las dilaciones que acarrea, la causa recién llegaría a juicio en 2011, a 35 años del golpe genocida.

“Me parece que lo que hace Rafecas está equivocado, que es lo que hacen la mayoría de los jueces: tomar aisladamente los centros clandestinos de detención, que en realidad integran un circuito. El circuito estaba integrado por la Mansión Seré, la Comisaría de Castelar, la Comisaría de Morón, la Base Aérea de Morón, la Base de Palomar, la Comisaría de Haedo. Yo creo que también entra Vesubio porque hubo compañeros que fueron a parar allí”, comenta Ruíz Vargas.

“De esta manera, los juicios se alargan muchísimo más y se pierde la verdadera noción de que hubo un genocidio en la Argentina”, agrega. Asimismo, remarca que los represores son llevados al banquillo sólo por algunos casos, dejando sin justicia a la totalidad de los detenidos- desaparecidos. “Bignone está procesado en quince ocasiones. Si consideramos que Bignone fue comandante del copamiento del Hospital Posadas, hubo más de esa cantidad de compañeros que se llevaron a Coordinación Federal y esos compañeros estuvieron una semana desaparecidos o más porque los familiares los buscaban y no sabían donde estaban. Por otra parte, Rafecas solamente acusa a dos de los swat, que eran, por lo menos, siete. Y a los otros swat, sigue investigando. Si tomamos que cuenta que Rafecas ya da por sentada toda la investigación que se había hecho en el año 85, donde se comprueba que estos tipos eran realmente integrantes de la patota de los swat, no puede seguir investigando. De esos, hay dos prófugos. Los están buscando todavía y no los encuentran”, denuncia.

Mariani
Entre los pocos imputados están Bignone, Di Benedetto por 33 privaciones ilegales de la libertad, Luis Muiña, Argentino Ríos y Mariani llegará a juicio por un solo caso a pesar de que el ex brigadier ejerció desde diciembre de 1976 hasta fines de 1977 como comandante de la subzona 16 de seguridad del Primer Cuerpo de Ejército. Estuvo a cargo de la jefatura de la Brigada Aérea con asiento en Palomar. En calidad de titular de esa área, fue responsable de la represión desplegada el partido de Morón, lugar donde funcionaron los campos de concentración: Mansión Seré, Brigada Aérea de Castelar, Brigada Aérea de Morón, la Comisaría tercera de Castelar y el Hospital Posadas.

Leandro Aráoz / Luciana Bertoia



0 comentarios

1000/1000
Los comentarios publicados y las posibles consecuencias derivadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Está prohibido la publicación de comentarios discriminatorios, difamatorios, calumniosos, injuriosos o amenazantes. Está prohibida la publicación de datos personales o de contacto propios o de terceros, con o sin autorización. Está prohibida la utilización de los comentarios con fines de promoción comercial o la realización de cualquier acto lucrativo a través de los mismos. Sin perjuicio de lo indicado ANRed se reserva el derecho a publicar o remover los comentarios más allá de lo establecido por estas condiciones sin que se pueda considerar un aval de lo publicado o un acto de censura. Enviar un comentario implica la aceptación de estas condiciones.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


Ir arriba