Código contravencional: donde hay abuso de poder hay resistencia

El pasado martes se aprobó el Código Contravencional impulsado por el poder ejecutivo de la provincia de Mendoza. El proyecto tuvo idas y vueltas entre senadores y diputados. Cada una de esas instancias fue acompañada por la protesta callejera, porque los representantes del pueblo mendocino debatieron a puertas cerradas, sin permitir que una gran diversidad de organizaciones, sindicatos y otros colectivos sociales pudieran hacer escuchar su voz en el recinto. Por Mariano Salomone (INCIHUSA-CONICET) para ANRed. Fotos: Asamblea Popular por el Agua

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El pasado martes, 2 de octubre, tuvo su sanción definitiva en senadores el Código Contravencional impulsado por el poder ejecutivo de la provincia. Había sido presentado en mayo en la legislatura, pero durante el mes de agosto el gobernador Alfredo Cornejo quiso acelerar el proceso legislativo exigiendo al debate parlamentario su tratamiento en sesiones especiales. El proyecto tuvo idas y vueltas entre senadores y diputados. Cada una de esas instancias fue acompañada por la protesta callejera, es decir, la manifestación en la calle, porque los  representantes del pueblo mendocino optaron por debatir y tomar decisiones sobre nuestra vida social a puertas cerradas, con el frente del edificio vallado y sin permitir que una gran diversidad de organizaciones, sindicatos y otros colectivos sociales pudieran hacer escuchar su voz en el recinto.

El 28 de agosto el Código Contravencional había logrado su primera aprobación en el senado, gracias a la complicidad con la que contó el oficialismo en Libres del Sur (Ernesto Mancinelli) y Más Fe (el pastor Héctor Bonarrico), tanto para lograr el quorum necesario como para conseguir la media sanción en la votación. Ese primer debate en senadores tuvo lugar en medio del reclamo que protagonizaban gremios y agrupaciones vinculadas a la educación pública superior contra el ajuste presupuestario y una negociación paritaria que el gobierno pretendía que se resolviera en la pérdida salarial de los trabajadores frente a la inflación. La lucha en defensa de una educación pública, laica y gratuita, incluyó la toma de diferentes facultades e institutos, el rectorado y sumó varias movilizaciones además de casi un mes de paro. El 30 de agosto confluyeron los Institutos de Educación Superior provinciales y la Universidad Nacional de Cuyo (facultades y secundarios) en una masiva movilización que involucró la participación de organizaciones estudiantiles. Hay que destacar que pese al carácter pacífico que dominó en cada una de las acciones de protesta, las jornadas de lucha terminaron con tres docentes imputados por la toma colectiva del Instituto 9-002 Tomás Godoy Cruz. Las amenazas y acciones de amedrentamiento desde el gobierno fueron continuas.

El 8 de septiembre las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura realizaron una marcha en defensa del agua como bien común desde el nudo de Costanera y Vicente Zapata hasta el Parque Central, manifestando su rechazo al decreto del gobernador Alfredo Cornejo que reglamenta la implementación del fracking en la provincia. Ese día, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, dirigida por Rodolfo Suárez (UCR), decidió multar a dos camionetas vinculadas a la organización por congestionamiento vehicular y giro a la izquierda (5.510 pesos a cada una) y a uno de los referentes del reclamo, Esteban Servat, por corte de circulación en calle San Martín y contaminación sonora en el Parque Central (por $53.400 y $13.350 respectivamente)1.

La semana siguiente, el miércoles 12, tendría lugar el tratamiento en diputados del Código Contravencional. El debate en el recinto repitió la escena de senadores, es decir, contó con el impulso del oficialismo (UCR-PRO) más la complicidad de un par de votos clave, esta vez provistos por el PD (Marcos Niven) y el Frente Renovador (Guillermo Pereyra). De esa manera, el gobierno obtuvo el quorum correspondiente y la aprobación con algunas modificaciones menores (no sustanciales). Por ello, el proyecto debía volver a senadores. Una masiva concentración acompañó la jornada legislativa en la calle, frente a la cual el gobierno montó un fuerte operativo policial.

El nuevo tratamiento en senadores estaba pautado para el 25 de septiembre, día en el que se realizaba la huelga general con movilización convocada por la CGT y otros gremios, sindicatos y diferentes partidos y organizaciones sociales. La multitudinaria marcha recorrió el centro de la Ciudad de Mendoza, pasando frente a la legislatura hacia la Casa de Gobierno. El paso firme y contundente de los trabajadores frenó el entusiasmo con el que el oficialismo había preparado la votación en el recinto, obligado a patearla para otro día por temor a que la presión popular sacudiera las piezas del tablero. El paro nacional expresaba el rechazo de amplios sectores sociales al feroz ajuste de los últimos años, el despiadado acuerdo con el FMI, la pérdida progresiva del salario real y los crecientes despidos tanto el sector privado como en el ámbito estatal.

Pocos días después, el viernes 28, se llevó a cabo un nuevo Pañuelazo organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, realizado en la Plaza Independencia en la Ciudad de Mendoza. Un encuentro en el que, además de actividades artísticas, se realizarían talleres de educación sexual integral y de uso seguro del misoprostol. Debido a este último taller, ese día la municipalidad de Capital envió un inspector con una nota de intimidación en el que se pedía a la organización abstenerse de incurrir en el delito de “apología del delito”. Por supuesto, el abuso de poder tipifica como quiere, arbitrariamente, pues el misoprostol no es una droga ilegal, sino que únicamente pesa sobre ella ciertas restricciones a su comercialización y, además, el taller transmitía información que es pública, circula en sitios de internet y está avalada por la Organización Mundial de la Salud.

Finalmente, llegamos al “tercer acto”: aparece el mismo recinto legislativo, el oficialismo (UCR+PRO) y un juego de complicidades (Ernesto Mancinelli de Libres del Sur y Bonarrico de Más Fe). ¿Cómo se llama la obra? La sanción definitiva del nuevo Código Contravencional. El rechazo popular volvió a sonar en la calle, con momentos de tensión con la policía. Durante la desconcentración arrestaron a una activista, detenida mediante la aplicación del registro de las cámaras.

No hemos dicho todavía de qué va la letra de este código. Nos hemos limitado a presentar una crónica del proceso legislativo que lo parió y de las condiciones sociales en las cuales tuvo lugar ese difícil parto: la creciente conflictividad social contra la política de ajuste del gobierno nacional y provincial. Es imposible interpretar la significación de un texto sin la referencia a su contexto, a sus condiciones de producción. Ese contexto muestra, durante los últimos meses, una proliferación de conflictos sociales y acciones de protesta. Frente a ello, el gobierno ha reaccionado cerrando canales de participación e impulsando una fuerte política de persecución y castigo con el objetivo de amedrentar toda forma de resistencia. Para ello no se ha privado de inventar multas e imputaciones judiciales a diferentes militantes sociales (docentes, manifestantes contra el fracking, activistas del movimiento de mujeres y el feminismo). El Código Contravencional viene a poner de manifiesto que el profundo ajuste y la cruel arremetida contra los trabajadores, la política anti-derechos impulsada en diferentes ámbitos de nuestra vida política y social, no es posible sin el intento de controlar y disciplinar de diferentes formas nuestra vida cotidiana. Porque donde hay abuso de poder hay resistencias.

El código contravencional puede entenderse como un dispositivo en tal sentido. Para ello el oficialismo achicó la distancia que dentro del derecho separa a los delitos, las contravenciones y las faltas. Todas ellas constituyen infracciones a la ley, pero suponen distintos tipos de gravedad y, por ende, implican diferentes penalidades. Mientras que las faltas suponen multas y otras inhibiciones menores, las contravenciones incluyen la posibilidad de arrestos (privación de la libertad). La semana pasada estuvieron de visita en Mendoza les abogades Luis Esteban Duacastella Arbizu2 y Marcela Millán3. Les especialistas precisamente advirtieron que en Mendoza se estaba transformando el código de faltas en un código contravencional; con la particularidad de que esa modificación no estaba siendo acompañada de la inclusión de garantías que supone un tal endurecimiento de las penas. El comentario del Dr. Duacastella, destacó que en nuestro flamante código contravencional encontramos figuras (tipificaciones del delito) que afectan directamente garantías constitucionales y gran parte de las convenciones internacionales a las cuales adhiere la nación, otorgando la misma jerarquía constitucional, tales como la libertad de expresión o el derecho a la reunión pública (art. 55). Además, señaló que el código se encuentra organizado en función de un enfoque que en materia jurídica se denomina el “derecho penal de autor”, en contraposición al “derecho penal de acto”, dominante en el derecho moderno. La diferencia es decisiva. Mientas que el último de ellos penaliza al sujeto por la acción que comete; el primero busca por el contrario penalizar al sujeto por lo que “es” o por su “estado”, como evocación de cierta inclinación natural al delito. Así, por ejemplo, en nuestro código encontramos que se sanciona el estado de embriaguez (art. 95) o la mendicidad (art. 90). En el texto de la normativa asoma, permanentemente, una mirada que no sanciona al sujeto por el acto que ha cometido sino por su condición. Por su parte, la Dra. Millán, subrayó con preocupación la debilidad que presenta el código contravencional en cuanto a sus aspectos procedimentales, cuestión que se manifiesta en el escaso articulado que allí se le dedica. En tal sentido señaló que no contempla ni el derecho a contar con abogados/as defensores gratuitos (art. 156), ni la apelación de la condena a instancias judiciales superiores (art. 162).

En definitiva, se trata de una normativa que tiende a promover un control policíaco del espacio público que no hará otra cosa que derivar en una profunda criminalización de la pobreza, persiguiendo a trabajadores  del llamado “sector informal” -cuidacoches, limpiavidrios, vendedores ambulantes, artistas callejeros- por medio de una política punitivista, que opera de la mano de la policía caprichosamente selectiva y estigmatizante. El carácter clasista de la normativa se revela, por ejemplo, en el hecho de que no prohíbe el consumo de alcohol en el espacio público, sino que habilita a tomar un trago a quien pueda pagar para sentarse en un bar de la Arístides, mientras sanciona al que se toma una cerveza sentado en el cordón de la vereda, dos metros más allá del primero. Además, la mayoría de las sanciones establecen el pago de una generosa multa o su equivalente en días de arresto… está claro que únicamente irá en cana quien no tenga un centavo para hacer frente a la primera opción. En una entrevista en radio comunitaria La Mosquirera, el Dr. Duacastella, señalaba la falacia argumentativa de una política de “seguridad ciudadana” orientada a privar de libertad a unos para garantizar la de otros4.

Hace poco más de un mes, el 27 de agosto, se realizó la “Marcha Contra el Gatillo Fácil y la Impunidad”, con motivo del lanzamiento de la CORREPI en Mendoza5. La iniciativa aparece justo un día antes que se iniciara el tratamiento legislativo del código contravencional, expresando simbólica y políticamente el hecho de que siempre que hay abuso de poder hay resistencia… y organización de la resistencia. A continuación, el documento del colectivo Feministes autónomes, que fue leído colectivamente en la calle al momento de la lamentable aprobación del Código contravencional.

A Cornejo y demás cómplices les decimos:

• que sus políticas punitivas no acallarán nuestros deseos, ni libertades individuales y colectivas
• que tu código ilegítimo, de control, vigilancia y castigo no hará que renunciemos al ejercicio de nuestros derechos
• ante sus medidas económicas antipopulares el pueblo se alza en reclamo y defensa de nuestra dignidad
• porque lo que ustedes sancionan moralmente como faltas es para el pueblo; organización y trabajo
• porque criminaliza la pobreza a la que nos someten
• porque prohíbe el trabajo digno con el que sobrevivimos al ajuste y al hambre que el mal gobierno nos impone
• porque tu código de faltas es violencia contra el pueblo
• porque hacen de estas medidas represoras un negocio contra lucrativo
• porque la protesta y demás expresiones de disconformidad no son un delito
• la protesta emergente, innegable y popular es la evidencia del fracaso de este modelo de país fascista
• el código de faltas pretende sumirnos en el silencio y la clandestinidad, pero no vamos a callar
• estamos juntes: laburantes, estudiantes, docentes, artistas, militantes, intelectuales, obrerxs, mujeres y disidencias.
• si, juntes! Ante el enemigo estatal y hacia la organización popular
• porque donde hay abuso de poder hay resistencia

1 http://www.minutoya.com/nota/81692-el-agua-de-mendoza-no-se-negocia-masiva-marcha-contra-el-fracking/

2 Defensor General Adjunto en lo Penal, Contravencional y Faltas del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires

3 Defensora Pública y Secretaria General de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires.

4 http://lamosquitera.org/una-ley-de-caracteristica-penal-no-puede-nacer-del-miedo-o-de-la-sensacion-de-inseguridad/

5http://www.unidiversidad.com.ar/convocan-a-marchar-contra-el-gatillo-facil-y-la-impunidad?utm_campaign=Novedad&utm_term=82