¿Cómo llegó Carlos Rosenkrantz a ser presidente de la Corte Suprema?
Esta semana se oficializó el nombramiento de Carlos Fernando Rosenkrantz como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJN). Con al menos tres años de mandato, el magistrado inaugura una nueva era en la Corte, compuesta por Elena Highton de Nolasco, quien mantiene la vicepresidencia, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y el desbancado Ricardo Lorenzetti, que llevaba 11 años en el cargo, como vocales. ¿Cómo llegó el abogado empresarial, nombrado por decreto de Mauricio Macri en 2016, artífice del 2×1 a los genocidas, a ocupar el máximo cargo del Poder Judicial de la Argentina? Las alianzas tejidas con sus pares en una Corte con poder hiperconcentrado, su perfil corporativo y su cercanía al gobierno nacional son algunos de los factores explicativos del rápido ascenso del abogado empresarial. Por Matías Cervilla, para ANRed
Nombramiento por decreto
Recomendado a Macri por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ex abogado de Clarín y principal arquitecto del armado judicial del presidente, en 2016 Rosenkrantz aceptó ser nombrado (junto a Rosatti) Juez de la CSJN por un Decreto de Necesidad y Urgencia. Ante el repudio generalizado de la sociedad, esta medida inconstitucional debió revertirse, enviando los pliegos para la posterior aprobación de su nombramiento por el poder legislativo, con el aval del bloque PJ-FPV (con voto dividido), UCR y PRO entre otros.
2×1 a genocidas
Con apenas dos años como ministro de la Corte, Rosenkrantz tomó notoriedad pública por ser el principal promotor del fallo que permitió la aplicación de la ley 24.390 o del “2×1” a culpables de delitos de lesa humanidad, al cual acompañaron con su voto Highton y Rosatti. De esta manera se computó por duplicado cada día de prisión cumplido sin sentencia firme en beneficio de Luis Muiña, el represor del autodenominado “Grupo Swat” condenado en 2013 por secuestros, torturas y desaparición de trabajadores del Hospital Posadas de Haedo en marzo de 1976. Solo a partir de la resistencia popular y una masiva movilización se dio un paso al costado y Muiña volvió a la cárcel por otra causa pendiente cuyo sobreseimiento fue revocado. No obstante, el fallo de la CSJN nunca fue revisado. Cabe mencionar que el Poder Judicial dio lugar un mecanismo de indulto a genocidas alternativo al 2×1: la concesión de prisión domiciliaria a casi la mitad de los militares sometidos a procesos.
El trío
El fallo del 2×1 fue un primer indicio de una nueva configuración del Poder Judicial con signo oficialista. Un tema significativo al respecto radica en el tamaño reducido de la Corte, cuya arquitectura institucional, al contar con cinco miembros, promueve un alto grado de concentración de poder, ya que, con el solo acuerdo de tres miembros, es posible tomar decisiones de gran impacto político.
La tríada en ascenso que permitió el 2×1 se encontraba conformada por Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco, jueces cercanos al oficialismo, en oposición a la minoría de Lorenzetti y Maqueda, que votaron en disidencia. Elena Highton de Nolasco, en deuda con el Gobierno Nacional por el favor político que garantiza su continuidad en la Corte después de la edad jubilatoria de 75 años; Rosatti y Rosenkrantz, designados por decreto por el propio presidente de la nación.
El Golpe Palaciego
Los mismos tres jueces que fallaron a favor del 2×1 pactaron el golpe palaciego que desbancó a Lorenzetti. Según fuentes judiciales, Lorenzetti quiso adelantar la fecha de su reelección, y esto se le volvió en contra.
Highton, otrora cercana aliada de Lorenzetti, votó a Rosenkrantz, quien la propuso nuevamente como vicepresidenta. Asimismo, Rosatti apoyó al abogado corporativo. Consciente de la situación, el propio Lorenzetti votó diplomáticamente al claro ganador. Fue Maqueda quien votó en disidencia y propuso la renovación de Lorenzetti para un quinto mandato, lo que dejó expuesta su lejanía con la nueva alianza gobernante.
De esta manera, Ricardo Lorenzetti deja la presidencia de la Corte, a su pesar, tras dedicar gran parte del año a organizar la cumbre judicial del G20, un encuentro con jueces de las cortes de los países miembros, donde esperaba como presidente de la CSJN hacerse cargo del discurso inaugural.
Triunfo del gobierno
La llegada de Rosenkrantz a la presidencia de la Corte da cuenta de un triunfo del Gobierno. Por un lado, debido a su cercanía y línea directa con la Casa Rosada; por el otro, debido a la distancia entre la coalición gobernante y Lorenzetti, un juez al que le atribuyen fuertes aspiraciones personales.
La política de la nueva Corte
La agenda judicial, cuyo manejo es potestad del presidente de la Corte, demanda grandes fallos. Se espera que casos como el de los cuadernos, las ganancias de los jubilados o la posibilidad de que Farmacity (empresa que fue cliente del estudio de Rosenkrantz) opere en Provincia de Buenos Aires, entre otros, formen parte de esta nueva agenda.
Preocupación por su nombramiento
“Esta Corte es lo peor que nos ha tocado en términos de cabeza del poder judicial desde la vuelta de la democracia, incluso peor que la Corte de mayoría automática menemista”, afirmó a ANRed María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), una de las voces que expresaron su preocupación.
Según explicó la abogada, el ascenso de Rosenkrantz se enmarca en “un proceso de empeoramiento de un organismo que siempre ha sido defensor de lo más rancio del poder”. La referente de CORREPI caracterizó el golpe palaciego en términos de una “colonización” del poder judicial por el gobierno de Cambiemos. Esta colonización encontró expresión en su carácter represivo, mediante “un verdadero estado de excepción con suspensión de derechos y garantías” y el apoyo judicial al aparato represivo evidenciado en el caso Santiago Maldonado y en “los fallos de las causas de las detenciones de diciembre, con las represiones en las manifestaciones contra la reforma previsional y la OMC”.
Rosenkrantz en una audiencia pública de la CSJN en el marco de un reclamo de la provincia de La Pampa contra Mendoza por las aguas del río Atuel | Foto: Pedro Lázaro Fernández
Así, Verdú señaló que los jueces federales como como Sergio Torres, Claudio Bonadío y Marcelo Martínez de Giorgi aplican la “Tesis Bullrich” según la cual la versión de las fuerzas es versión con valor de verdad, sin la necesidad de elementos probatorios, al negar el derecho al debido proceso e incluso fallar contra pruebas contundentes que demuestran la inocencia de los acusados.
También consultada por ANRed, Elizabeth Gómez Alcorta, abogada y Presidenta del Movimiento de Profesionales para los Pueblos, afirmó que la asunción de Rosenkrantz es parte de una negociación. Siendo la CSJN un órgano político, cabeza de uno de los tres poderes del Estado, impugnó a Rosenkrantz y a Rosatti desde la propia designación por parte de Macri, “por su disposición a asumir ese cargo con una designación irregular por decreto 83/2015, sobre el que no se manifestaron en contra, lo cual no es menor”.
Gómez Alcorta contextualizó a la nueva Corte encabezada por el abogado corporativo, signada por la imbricación del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, afirmando que “la lógica de un gobierno de CEOS con una representación central de una elite del poder económico tiene su contracara en la corte, otro de los poderes, teniendo como presidente a Rosenkrantz”.
Por último, la letrada criticó las posturas regresivas del flamante presidente de la CSJN en materia de la aplicación internacional de derechos humanos.
En el mismo sentido, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han impugnado al magistrado por su postura regresiva en torno a la aplicación de los derechos humanos, así como también por su interpretación restrictiva del derecho a la protesta y la libertad de expresión, pilares básicos de la democracia. Rosenkrantz llegó a afirmar que “el piquete es un mal”.
Otro sector que también expresó su preocupación por la designación de Rosenkrantz al frente del máximo órgano del poder legislativo fue la Asociación de Abogados Laboralistas. Según manifestó su presidente Matías Cremonte en el Noti Trabajadores de la TV Pública, el ascenso del magistrado representa “un retroceso” en el camino marcado por la Corte en materia de derechos humanos, sociales y laborales, ya que “Rosenkrantz se está destacando por no firmar los pocos fallos que contienen derechos laborales o firmarlos en sentido contrario”.
La élite al Poder Judicial
La designación de un abogado corporativo al frente de uno de los tres poderes del Estado da cuenta de la cristalización de la élite del poder económico y la fuerte influencia del “gobierno de los CEO”, es decir del Poder Ejecutivo, sobre el Poder Judicial. Si bien la Corte dirigida por Lorenzetti no fue precisamente una corte al servicio de los derechos humanos y aún resta ver la conformación de la nueva agenda y el tipo de alianzas entre ministros respecto de cada fallo, siendo el nuevo presidente el artífice de la restauración del 2×1 a los genocidas, y dado su perfil corporativo, su pretensión “técnica” y su cercanía al Gobierno, es de esperarse una ruptura con el avance con los juicios por delitos de lesa humanidad, obturando la posibilidad de una política de Estado en favor de los derechos humanos y sociales.