26/09/2018

¿Quién es Carlos Rosenkrantz, el nuevo presidente de la Corte Suprema?

El 11 de septiembre se conoció la noticia de que, después de 11 años y tras una votación interna que recorta su mandato, el juez Ricardo Lorenzetti dejará de presidir la Corte Suprema de Justicia, pese a que originalmente debía permanecer en su puesto hasta el 21 de diciembre. A partir de 1° de octubre su reemplazante será Carlos Fernando Rosenkrantz. El futuro presidente de la máxima autoridad del Poder Judicial, que el 22 de agosto de 2016 asumió como ministro de la Corte tras reemplazar a Carlos Fayt, es un abogado corporativo vinculado a las grandes empresas. De extracción radical, liberal y pro mercado, tiene en su haber el tristemente célebre galardón de haber sido el principal impulsor de la aplicación del beneficio del 2×1 a Luis Muiña, represor condenado por secuestros, torturas y desaparición de trabajadores del Hospital Posadas. Por Matías Cervilla, para ANRed.


Perfil académico

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires en 1958, Carlos Rosenkrantz inició sus estudios en el Colegio Nacional Domingo F. Sarmiento, y egresó en 1975 con Medalla de Oro. Cursó la carrera de Derecho en la UBA y se recibió de abogado en 1983 con un promedio de 9,42 . En 1987 ganó una beca Fulbright, que le permitió obtener un Magister en Derecho en la Universidad de Yale, donde dos años después se doctoró con una tesis sobre el igualitarismo liberal. Ejerció la docencia desde 1990 en diversas universidades y entre 2008 y 2015 ocupó el cargo de Rector de la Universidad de San Andrés.

Perfil político

Políticamente se encuentra signado por su extracción radical. Cercano discípulo del jurista y filósofo Carlos Nino, en 1984 Rosenkrantz formó parte del Consejo para la Consolidación de la Democracia, un órgano asesor del expresidente Raúl Alfonsín, donde colaboró en la elaboración de anteproyectos de leyes y decretos. Posteriormente, fue uno de los asesores que fundamentó la posición radical en el Pacto de Olivos de 1993 que permitió la reforma constitucional de 1994, que tuvo entre otras consecuencias la reelección de Carlos Saúl Menem. Durante el gobierno de Néstor Kirchner representó a la Argentina como testigo experto en defensa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Años después, con la llegada de Cambiemos al poder, según afirma Irina Hauser (que cita el libro Cambiamos, de Hernán Iglesias Illia), Rosenkrantz mantuvo reuniones con Marcos Peña para brindarle asesoramiento en su política de comunicación hacia el mundo intelectual.

De convicciones liberales, que lo han llevado a la temprana representación en defensa de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) pero que y también lo ubican en el anti-intervencionismo pro-mercado, ha sido objetado académicamente por sus posiciones contrarias a la exigibilidad de derechos sociales tales como el derecho a la vivienda y la salud, asuntos en los que para Rosenkrantz la justicia no debería intervenir. Esto permite suponer un cambio en el signo político respecto a la tendencia de la Corte anterior, que reconocía la necesidad de que la justicia se expida en los casos en los que el Estado no garantice esos derechos.

Abogado corporativo

En su actividad profesional como abogado en cuestiones comerciales, civiles y constitucionales, se caracteriza por su perfil fuertemente corporativo y tiene como clientes grandes empresas bajo su estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados. Entre otras: Aconcagua Ventures, América TV, Anheuser-Busch InBev, Ávila Inversora, Cablevisión, Carbap, Central Térmica Patagónica SA., GP Fondos de inversión, Grupo Modelo, HWF Capital, La Nación, La Rural, McDonald’s, Musimundo, Panamerican Energy, Pegasus, Quilmes e YPF.

La imbricación entre Rosenkrantz y las corporaciones es tal que, en el contexto de la Ley de Medios durante el gobierno de Cristina Fernández, llegó a crear una ONG ad hoc para favorecer al Grupo Clarín contra la resolución 100/2010, que establecía la caducidad de la licencia de Fibertel. La llamada Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC), presidida por el propio Rosenkrantz, compartía domicilio con su estudio. Bajo esta ONG, presentó una medida cautelar favorable a Cablevisión/Fibertel (Grupo Clarín) argumentando en favor del supuesto interés general del derecho colectivo de los usuarios de Fibertel. Los jueces Graciela Medina y Ricardo Recondo fallaron a favor del interés particular de la corporación, permitiendo que Fibertel siguiera operando de forma irregular durante años.

La situación se resolvió definitivamente en favor del Grupo Clarín por vía política cuando el 4 de marzo de 2016 Mauricio Macri derogó definitivamente la resolución 100/2010 autorizando así la transferencia de la licencia de Fibertel a Cablevisión.

Su llegada a la Corte Suprema

Rosenkrantz llegó a oídos de Mauricio Macri como candidato a la Corte Suprema por la recomendación de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, un hombre también ligado a las corporaciones, con gran peso en la mesa chica judicial del presidente.

En 2016 Macri tomó la decisión inconstitucional de nombrar a Rosenkrantz y a Horacio Rosatti como ministros de la Corte (en reemplazo de Eugenio Zaffaroni y de Carlos Fayt) por la vía del Decreto de Necesidad y Urgencia. A ambos magistrados se les cuestiona como vicio de origen el hecho de que, sabiendo de la inconstitucionalidad de la forma de nombramiento, la hayan aceptado. Ante el fuerte rechazo social, el presidente de la Nación debió dar marcha atrás con el DNU y enviar los pliegos para su aprobación en el Senado Nacional.

Así, en junio de 2016 los pliegos del magistrado designado por Macri contaron con la aprobación de la Cámara Alta con 58 votos a favor, 26 de los cuales provinieron de las filas del PJ-FVP, bloque mayoritario en el Senado, junto a 8 de UCR y 6 del PRO entre otros. En agosto de ese año, ambos jueces juraron como ministros de la Corte.

Con la incorporación de Rosenkrantz y Rosatti, sumados a Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, la corte volvió a tener 5 miembros.

2×1 a genocidas

Vinculado al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires -asociación civil privada que reúne a los abogados de las grandes empresas y cuenta en su haber con una tradición de posiciones en favor de la limitación de procesos contra los crímenes de la última dictadura-, el futuro presidente de la Corte Suprema fue el principal gestor de la sentencia que el miércoles 3 de mayo de 2017 promovió la aplicación de la derogada ley 24.390 o “ley del 2×1” sobre plazos de prisión preventiva.

En un fallo dividido con una mayoría de tres jueces (Rosenkrantz, Highton y Rosatti) y dos en disidencia (Lorenzetti y Maqueda), aquel día se declaró la aplicabilidad del beneficio del 2×1 a Luis Muiña, represor condenado en 2011 a 13 años de prisión por secuestros, torturas y desaparición de trabajadores del Hospital Posadas de Haedo en marzo de 1976. Este fallo rompió con el modelo de “Memoria, Verdad y Justicia” que imperaba en la Corte y, en caso de haber prosperado, además de liberar a Muiña, se podría haber extendido el beneficio a más de 280 represores.

En paralelo a masivas movilizaciones en repudio, el Congreso de la Nación sancionó el 10 de mayo de 2017 la Ley 27.362, que excluye a condenados por delitos de lesa humanidad del beneficio del 2×1.

El nombramiento de Rosenkrantz como presidente permite vislumbrar una reconfiguración del poder de la Corte con la tríada que conforma junto a la vice, Highton de Nolasco y a Rosatti, jueces muy cercanos al gobierno. Asimismo, da lugar a una Corte Suprema de Justicia donde predomine el perfil “técnico” (no ausente de carácter político) en línea con la concepción del Poder Ejecutivo, dejando atrás el “curro de los derechos humanos” y priorizando los intereses corporativos por sobre los derechos humanos, sociales y laborales.

 



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