22/09/2018

“No hay orientación política en el gobierno nacional y menos en los provinciales a desarrollar la salud pública como un derecho humano y universal”

“Bajar la jerarquía del Ministerio de Salud, no es un simple acto administrativo, sino que tiene una intencionalidad, va en una dirección y esa dirección es la instalación de lo que se llama pomposamente ‘Cobertura Universal de Salud’ (CUS) ,que consiste en el autofinanciamiento de todo el sistema de salud pública, de todo el sistema de atención de salud. Es decir, que cada uno pague de su bolsillo la atención que pueda de acuerdo a su capacidad de pago”, afirma en esta entrevista el Dr. Reynaldo Saccone, miembro de la Comisión Revisora de Cuentas de Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). Por Mario Hernández.


M.H.: Quiero comenzar consultándote por esta degradación que ha sufrido el Ministerio de Salud

R.S.: El Ministerio de Salud ha pasado a ser una secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Hay que enfocarlo desde un punto de vista político. Se pone bajo la égida del Ministerio de Desarrollo Social a lo que era el Ministerio de Salud y me parece que más que una degradación es una subordinación a las políticas que se van definiendo desde el gobierno nacional para mantener una situación que ellos llaman de paz social.

Hay que recordar que lo que era la Oficina de Salud Pública en los gobiernos anteriores a Perón, con distintas jerarquías, Dirección nacional, etc., Perón lo convirtió en Ministerio y puso al frente a Ramón Carillo, que era un sanitarista formado en la época de lo que se llamaba Estado de bienestar en la Europa de posguerra, un neurocirujano notable.

M.H.: Fundador de 500 hospitales.

R.S.: Duplicó el número de hospitales y aumentó el número de enfermeras y eso respondiendo a una concepción emparentada con lo que se estaba desarrollando sobre todo en Inglaterra.

Después de la Segunda guerra mundial, producto del gran triunfo de los pueblos que significó la derrota del nazismo, la clase dominante se vio obligada a establecer un sistema de salud igualitario de calidad y financiado con las rentas generales de la Nación.

Lo mismo intentó hacer Carrillo, con diversa fortuna porque hubo una serie de factores que impidieron que eso sucediera, entre ellos la aparición de las obras sociales sindicales, lo que motivó una disputa por el control de la atención médica y obviamente de los fondos que se destinan a ello.

Pero es innegable que en el primer gobierno de Perón y gran parte del segundo hubo un desarrollo enorme de la salud pública. Una de las victorias en ese sentido es la desaparición del paludismo, que demuestra que, cuando hay una voluntad política por resolver problemas de salud, éstos se pueden resolver.

Durante 3 años hubo una campaña en la zona donde el paludismo era endémico, en las zonas húmedas y contó con los recursos del Estado y se logró eliminar el paludismo. Esa fue una victoria muy importante desde el punto de vista de la salud pública. Pero esto sucedía porque había una concepción que sostenía que la salud era un derecho de la población, entonces los recursos del Estado debían estar volcados en la realización de ese derecho.

Eso con la Revolución Libertadora de Aramburu y Rojas terminó y con los gobiernos militares pasó a segundo plano.

En 1966, durante la dictadura de Onganía, desapareció Salud como Ministerio y pasó a ser secretaría de Estado.

M.H.: Como en la actualidad. Es importante este dato.

R.S.: En 1966 se aprobó un Decreto ley que sigue vigente y que ninguno de los gobiernos democráticos que siguieron hasta ahora derogó: la Ley del hospital de la comunidad; una ley que habilita a que los hospitales sean cedidos a la explotación privada y mantenidos por aranceles autofinanciados. Incluso autoriza a los hospitales que están en ese régimen a que sean alquilados, tercerizados, vendidos o incluso pueden quebrar como cualquier empresa comercial.

Nunca se logró aplicar esto a fondo. Pero hay hospitales que se han ido instalando con ese régimen, por ejemplo, el hospital Garrahan que es un hospital Samic (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad), hay algunos en el interior del país y, en la última parte del gobierno anterior al actual, los hospitales que se inauguraron se hicieron con la Ley de Onganía.

¿De dónde viene esa orientación del hospital de autofinanciamiento? Es una línea del Banco Mundial que desde 1966 la viene impulsando en todo el mundo y que es parte de desmontar el Estado de bienestar que se instauró al final de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando cayó la dictadura y subió Alfonsín se restableció el Ministerio de Salud. Y si bien el gobierno de Alfonsín no derogó la Ley de Onganía, no se aplicó en los hospitales que se llevaron adelante, sólo en algunos hospitales muy periféricos, en Misiones, Santa Cruz.

Lo mismo pasó en el gobierno de Menem, de llevar adelante ese régimen de hospitales de autofinanciamiento, pero hubo una resistencia muy importante de los trabajadores, tanto los profesionales de la salud como el resto de los trabajadores del hospital que impidió que eso se llevara adelante, porque los trabajadores veían que peligraban sus empleos y sus condiciones laborales, porque eso obviamente terminaba con los Estatutos del personal de salud.

Cada hospital como era autogestionable establecía la política de Recursos humanos que creía conveniente y esos hospitales actuaban como entes privados, completamente independientes del gobierno.

Bajar la jerarquía del Ministerio de Salud, no es un simple acto administrativo, sino que tiene una intencionalidad, va en una dirección y esa dirección es la instalación de lo que se llama pomposamente “Cobertura Universal de Salud” (CUS) que consiste en el autofinanciamiento de todo el sistema de salud pública, de todo el sistema de atención de salud. Es decir, que cada uno pague de su bolsillo la atención que pueda de acuerdo a su capacidad de pago.

La CUS es un seguro de salud y como tal hay distintas categorías, está lo que se llama canasta de servicios y una canasta de servicios mínima para los que demuestren que son absolutamente pobres y luego, de acuerdo a la capacidad de pago, van mejorando los servicios a los que se puede aspirar.

Esto ya existe en diferentes países, como en Chile y Colombia, que está instalado y la población padece esa gran desigualdad, donde por ley no pueden acceder a otro servicio. Lo que logró nuestro país es que legalmente cualquier habitante puede aspirar a la mejor atención médica, si no la recibe es precisamente por la crisis de los establecimientos, pero en teoría puede aspirar a la totalidad de los recursos. En cambio, al establecerse las canastas de servicios de acuerdo a la cuota que pagan, entonces por ley tiene acceso a 5 días en el año de internación en terapia intensiva, y el día 6 lo mandan a la sala común. Pero por ley, no hay ningún juez que pueda ampararlo.

Hoy en día cuando una obra social niega un servicio, el damnificado puede pedir un recurso de amparo y la mayoría de las veces los jueces laudan a favor del paciente y obligan a la obra social o a la prepaga a dar el servicio. Con la CUS y su reglamentación los jueces ya no van a poder hacer eso porque van a haber exclusiones explícitas de prácticas para las distintas categorías. Así que no es de extrañar la reducción del Ministerio de Salud a una Secretaría en este contexto.

No hay una orientación política en el gobierno nacional y menos en los provinciales a desarrollar la salud pública como un derecho humano y universal. Y por eso el sistema del Estado del sistema de salud actual, que ya era malo en gobiernos anteriores, basta con leer las declaraciones de las entidades de trabajadores y profesionales durante los últimos 30 años para saber que ya era malo. Pero ahora ha empeorado.



0 comentarios

1000/1000
Los comentarios publicados y las posibles consecuencias derivadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Está prohibido la publicación de comentarios discriminatorios, difamatorios, calumniosos, injuriosos o amenazantes. Está prohibida la publicación de datos personales o de contacto propios o de terceros, con o sin autorización. Está prohibida la utilización de los comentarios con fines de promoción comercial o la realización de cualquier acto lucrativo a través de los mismos. Sin perjuicio de lo indicado ANRed se reserva el derecho a publicar o remover los comentarios más allá de lo establecido por estas condiciones sin que se pueda considerar un aval de lo publicado o un acto de censura. Enviar un comentario implica la aceptación de estas condiciones.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


Ir arriba