Otro 10 de diciembre
Al cumplirse un nuevo aniversario del regreso constitucional en la Argentina, uno de los ejes obligados a tratar es la política de los gobiernos hacia las fuerzas armadas genocidas. Esta fecha coincide con el primer año de mandato de Cristina Fernández de Kirchner así como con el envenenamiento del torturador Héctor Febres.
«A los milicos los salvaron sus amigos, la democracia peronista y radical»
Para los políticos no fue ninguna novedad que la «cuestión de los Derechos Humanos» debía ser abordada desde antes del final de la última dictadura militar (1976- 1983). Sin embargo, no fueron similares las posturas asumidas por los que serían candidatos a asumir la presidencia el 10 de diciembre de 1983. El candidato peronista, Ãtalo Luder, se mostró más reacio a expedirse acerca de los crímenes del gobierno militar. Sin embargo, el radical Raúl Alfonsín no dudó en basar su plataforma en la necesidad de castigar estos delitos. En uno de los afiches de campaña, decía: «Más que una salida electoral, es una entrada a la vida».
Pero ganada la presidencia, el objetivo radical fue fomentar el autojuzgamiento de los militares como estrategia para evitar resquemores entre el gobierno civil y ellos. Para septiembre de 1984, ya había quedado en evidencia que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no procederían a castigar a sus integrantes. Por ello, la Cámara Federal de Buenos Aires se abocó a la tarea y al año siguiente se juzgó los comandantes. La intención judicial y del poder político era cumplir con algunas de las promesas electorales, llevando al banquillo a unos pocos genocidas y con eso cerrar la «cuestión de los derechos humanos». A diferencia de lo deseado por el gobierno, la lucha inclaudicable de los organismos de Derechos Humanos terminó instalando definitivamente el tema.
Como sostiene la politóloga y sobreviviente Pilar Calveiro, «los juicios fueron un ejercicio de memoria colectiva». Además, agrega: «A partir del juicio, tampoco se pudo aducir desconocimiento. Los militares transitaron por la negación de los hechos, luego el desconocimiento y, por último, la obediencia a las órdenes.». La ex detenida- desaparecida reafirma: «Más allá de la limitación de las condenas; más allá de que sólo se juzgó a las juntas; más allá de las posteriores leyes de punto final y amnistía; más allá de que todos los protagonistas son hombres en actividad dentro de las fuerzas armadas, que continúan su carrera como si nada hubiera pasado, el juicio fue el golpe más serio que sufrió el poder desaparecedor».
Concluido el proceso judicial, el gobierno tomó tres acciones: las instrucciones a los fiscales militares, la ley de Punto Final y la ley de obediencia debida. La intención fue clara: poner un manto de silencio y olvido a los delitos aberrantes de la dictadura genocida. Años atrás, la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos (AEDD) se refería a estas leyes de impunidad: «la Verdad permanece oculta tras la arquitectura jurídico/política construida con las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida por la claudicación ante las presiones golpistas de los asesinos».
Con el peronista Carlos Saúl Menem, la impunidad quedó consolidada. En octubre de 1989, anunció el primer indulto a los genocidas. Tiempo después, otorgaba un segundo indulto en el que como jefe de Estado exculpaba a los represores Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Ramón Camps y Ovidio Riccheri.
Los gobiernos que le siguieron a Menem también fueron edificando el muro de impunidad que protegía a los asesinos y torturadores. El Estado actúa siempre, por omisión o por acción.
Kirchner y la reapertura de los juicios a los genocidas
El ex mandatario Néstor Kirchner nunca dudó en proclamarse como el «presidente de los Derechos Humanos» o el «hijo de las Madres de Plaza de Mayo». Bajo su gobierno, se anularon las leyes de impunidad gracias a la lucha incansable de los organismos de Derechos Humanos. Esa medida posibilitó que se reabrieran las causas judiciales contra los represores que actuaron durante la última dictadura.
Sin embargo, bajo su mandato sólo se dictó condena a diez represores: Miguel Osvaldo Etchecolatz, Christian Federico Von Wernich, siete agentes del batallón 601 y Julio Simón. Los juicios a los genocidas dejan un saldo escalofriante. Pocas procesados, pocas condenas y un testigo clave desaparecido tras testimoniar contra su secuestrador: Jorge Julio López.
Un año de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
El mismo día que asumió Fernández de Kirchner apareció envenenado el torturador Héctor Febres, represor que estaba siendo juzgado por algunos de los crímenes perpetrados en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. El represor era quien distribuía a los niños robados a sus padres secuestrados en el campo de exterminio. Frente a la posibilidad de que rompiera el pacto de sangre y silencio, sus compañeros de armas parecen haberse decido por asesinarlo con cianuro. Esa era la línea de investigación que mantenía la jueza interviniente en la causa hasta que la Cámara de San Isidro decidió en marzo último liberar a los prefectos involucrados con el caso.
Frente a la muerte de Febres, la primera mandataria recordó su deseo de que los represores estén alojados en cárceles comunes. Sin embargo, nada de esto ha sido llevado a la práctica. Como ejemplos elocuentes, los jueces han decidido mantener en prisión domiciliaria o excarcelados a los últimos genocidas juzgados: César Comes, Alberto Barda e Hipólito Mariani. Por su parte, el genocida Antonio Domingo Bussi está «detenido» en el country de Yerba buena.
El mapa de impunidad parece completarse con la declaración de la presidenta que prometió terminar con los juicios a los genocidas para el fin de su mandato. Utopía impracticable dado que desde que se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, menos de una treintena de represores fueron condenados.
El objetivo de los Kirchner con respecto al juzgamiento de los militares no parece tan lejano al de Alfonsín: enjuiciar a un puñado de genocidas emblemáticos y dar por acabada la «cuestión de los derechos humanos» para avanzar hacia la reconciliación entre el pueblo y las Fuerzas Armadas asesinas. «La ansiada unidad entre las Fuerzas Armadas y el pueblo sólo puede asentarse en el eje memoria, verdad y justicia», reconoció meses atrás el secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde. El punto final se escucha tras ciertas alocuciones presidenciales. Cualquier similitud con otro gobierno constitucional, no es coincidencia: es la forma más arraigada de construir impunidad.
Sin embargo, hay otra constante que puede reconocerse en estos 25 años: la lucha de aquellos que quieren el juicio castigo a todos los genocidas y la justicia para todos y cada uno de los 30.000 detenidos- desaparecidos. No en vano, todos los 24 de marzo las columnas reconfirman: «Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar».