17/09/2018

“Queremos viviendas dignas para los compañeros, y poder tener nuestro comedor y merendero para los chicos”

Familias y organizaciones sociales se manifestaron frente a la sede del municipio de Almirante Brown, al sur del conurbano bonaerense, en reclamo al intendente justicialista Mariano Cascallares que intervenga para frenar la orden de desalojo del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, contra 70 familias que ocupan un predio de la localidad de Claypole, ante la necesidad de tierra y viviendas. El intendente no dio respuestas ni soluciones y la orden de desalojo se cumplirá mañana. “Ya no podemos sostener el alquiler. Limpiamos el barrio con los compañeros. Los vecinos nos cuentan que hace 60 años que está todo abandonado. Hay compañeras que no tienen dónde vivir”, relató angustiada Jésica, delegada de la toma, a ANRed.


Mientras una comisión negociadora mantenía una reunión con autoridades dentro del municipio de Brown, en la calle familias y organizaciones sociales se manifestaban con un corte parcial con neumáticos. La medida de lucha – que comenzó por la mañana con una movilización desde la estación de Adrogué – responde al reclamo al intendente justicialista Mariano Casacallares de que intervenga para frenar la orden de desalojo dictada por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, contra 70 familias que ocupan un predio en el barrio Esther, de la localidad de Claypole (entre las calles Leguizamón, Araujo, Acassuso y Córdoba) ante la necesidad de tierra y viviendas.

Jesica, de 31 años y delegada las familias que realizan la toma de tierras, detalló a ANRed la delicada situación cotidiana de las familias: “Ya no podemos sostener el alquiler. Limpiamos el barrio con los compañeros. Siempre limpiamos el mismo baldío. Los vecinos nos cuentan que hace 60 años que está todo abandonado. Incluso ahí hay gente que desarma autos, que se mete a vender droga. Hay compañeras que no tienen dónde vivir. Y ahí decidimos hacer la toma”.

Jesica cuenta que la toma comenzó hace siete días, y que ayer les llegó la orden de desalojo: “nos llegó la notificación de que el intendente nos mandó a desalojar. Mandó a toda la policía rodeando toda las manzanas, como apurando el tiempo para que se cumpla el horario del desalojo”.

Nosotros lo que queremos es viviendas dignas para los compañeros, y poder tener nuestro comedor y merendero para los chicos“, remarcó, detallando las necesidades concretas que tienen las familias, en un marco de aumento de los alquileres y de los precios de los productos en los comercios, caída del valor del peso, cierre de plantas fatriles, despidos masivos en el Estado y las empresas privadas. Una muestra más de los efectos de la crisis generadas luego de las políticas de ajuste llevadas adelante por el gobierno de Mauricio Macri.

Alfredo, otro de los vecinos del barrio, amplió la situación de las familias del barrio: “no hay recursos para pagar 200 mil pesos de anticipo en un terreno, porque son gente que ni siquiera tienen trabajo. La mayoría trabaja con un carrito cartoneando, otros hacen changas o son albañiles. Gente muy pobre y humilde. Que quizás no salen en la TV ni en ningún lado porque están tan olvidados del mundo. Cascallares, el intendente, que ha ido a ese barrio a pedir votos, y la gente se los dio creyendo en él. Pensando ‘quizás este hombre vendrá un día a hacer una calle, una zanja, un comedor. Nunca hicieron nada. Ni siquiera la luz. Porque tenemos los cables enganchados porque se cortan. Los vecinos tenemos que estar resolviendo esos problemas. Tenemos también problemas de inundaciones, enfermedades, hambre y miseria en ese lugar. Nosotros tenemos derecho a tomar esas tierras abandonadas, porque tenemos necesidad. Porque el gobierno no nos dio ninguna salida”.

Luego de haber estado reunida por casi una hora dentro del municipio, la comisión negociadora relató durante la asamblea realizada afuera que no hubo respuestas ni soluciones de Cascallares.

En diálogo con ANRed, César, referente del FPDS de Brown remarcó: “tuvimos una reunión con la secretaria de Hábitat y con alguien que ayuda en la Secretaría de Seguridad, haciéndole directamente el planteo de qué solución tiene pensada el municipio para estas 70 familias, pero sólo recibimos la espalda, mirar para otro lado, no hacerse cargo de la situación de las personas. Salimos con un nivel de indignación bastante alto, una tristeza grandísima. Entendemos que los políticos y políticas argentinas no están hoy en día a la altura de lo que necesita el pueblo. Buscamos la relocalización de estas familias, opara que puedan acceder a un derecho constitucional fundamental, que es el derecho a la vivienda, y no recibimos una respuesta positiva. No queremos llegar al punto de que se desate una represión feroz contra los vecinos y vecinas. Nos mantenemos en estado de asamblea permanente y vamos a definir con los vecinos y vecinas de la toma cuáles son los pasos a seguir”.

Vecinos y vecinas del barrio, junto con las familias y las organizaciones discutiendo en asamblea los pasos a seguir luego de la negativa del municipio

En un comunicado titulado “La tierra es de quienes la habitan y la trabajan”, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), una de las organizaciones que nuclea a las familias de la toma, remarcó: “estamos atravesando un momento difícil, con una fuerte devaluación del peso, una inflación por las nubes, que combinado con la creciente desocupación debido a los miles de despidos genera una situación de pobreza extrema en las barriadas del conurbano bonaerense. Con este panorama, la posibilidad de pagar un alquiler para cualquier familia de trabajadores es casi imposible. El aumento de un 30% anual en el precio de los alquileres, sumado al aumento de los servicios básicos (agua, luz, gas y transporte) hace que no se pueda pagar, mucho menos comprar un terreno para construir sus propias viviendas”, denuncia la organización.

Y señaló el rol del Estado por la falta de vivienda digna: “Entendemos que el derecho a una vivienda digna (así lo dicta la Constitución Nacional) debe ser garantizado por el Estado. Nos oponemos a la especulación inmobiliaria que genera muchas tierras en pocas manos y condena a una gran parte de la población a vivir en condiciones de hacinamiento o a vivir alquilando”.

Imagen de la toma en el Barrio Esther, Claypole

Sobre la orden de desalojo consideran que “nuevamente el poder judicial y el poder político hacen oídos sordos a los reclamos de una parte del pueblo. A su vez, el gobierno municipal bajo el mando de Mariano Cascallares decide no intervenir dejando 70 familias libradas a su suerte. El mismo gobierno que se llena la boca hablando de DD.HH. hoy hace absolutamente todo lo contrario, dándole la espalda a los vecinos y vecinas”, denunció.



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