08/09/2018

Argentina en shock de ajuste y devaluación

La situación económica y política de Argentina se viene agravando en un año que puede terminar con una caída del 2 al 2,5% del PBI y una inflación de más del 40% anual. Ambos datos impactan regresivamente sobre la desigual estructura socioeconómica del país. Es un proceso con pocos beneficiarios y millones de perjudicados entre los sectores de menores ingresos de la sociedad. Por Julio Gambina.


El resultado directo es una mayor concentración y centralización de la economía, que genera mejores condiciones para la profundización de la extranjerización económica y una inserción subordinada a la lógica mundial del capital en momentos de tensiones globales definidas por la guerra comercial desatada por EEUU.

Además, con la corrida cambiaria en etapas sucesivas, escalando desde mayo pasado, en estos días el dólar alcanzó la cotización de 40 pesos por dólar (17,50 en diciembre pasado), lo que motivó que el BCRA elevara la tasa de interés de referencia al 60% anual para competir, vía intereses, con la demanda de divisas.

Consolida así a la Argentina como una economía de especulación, que, junto a la inflación y la consecuente recesión, castiga a los sectores productivos de menor peso relativo y sin capacidad de defensa ante la dominación de las transnacionales y el gran capital local hegemónico.

Los grandes perjudicados son los perceptores de ingresos fijos: trabajadoras y trabajadores, activos y pasivos, regulares e irregulares más beneficiarios de planes sociales, los que se cuentan por millones.

Shock de ajuste

En ese marco, el Gobierno Macri acudió por segunda vez en tres meses al FMI para lograr sustento financiero a una política económica que en el discurso oficial abandona el “gradualismo” en el ajuste para construir un Shock de Ajuste, con déficit fiscal primario (antes del pago de intereses) del 0% del PBI en 2019 y lograr un superávit del 1% para el 2020, anticipando metas establecidas en el memorándum suscripto con el FMI en Junio del 2018.

Con el shock de ajuste fiscal está previsto reducir el déficit entre 2018 y 2019 en 6.500 millones de dólares vía reducción del gasto y mejoras de ingresos vía inclusión de las retenciones a las exportaciones.[1]

Si se adiciona el superávit previsto del 1% para el 2020 remitimos a 11.700 millones de dólares en dos periodos.

Al mismo tiempo que está previsto un déficit fiscal primario de 2,6% para 2018, el déficit financiero alcanzará al 2,9%, motivado en elevados intereses de un endeudamiento externo que sostiene el funcionamiento de la economía argentina.

El déficit financiero se eleva en 2019 al 3,2%, de modo que si bien el déficit primario se propone reducir a 0, el financiero crecerá y con ello la hipoteca de un endeudamiento que supera los 150.000 millones de dólares en la gestión Macri desde diciembre del 2015.

Se trata de un ajuste fiscal que supone disminución del gasto público e instauración de retenciones a las exportaciones para mejoras en el ingreso fiscal.

Respecto del ahorro se afecta el gasto de capital; en subsidios económicos que se transfieren a usuarios y/o a Provincias (transporte y electricidad); baja de gastos operativos por congelamiento de ingresos de empleo estatal y bajas de salarios con relación a la evolución de la inflación; reducción de gastos corrientes del Estado, lo que en conjunto suma 1,5% del PBI.

Desde el mayor ingreso fiscal destaca la vuelta de las retenciones, aunque pesificadas y con carácter transitorio hasta el 2020.

En efecto, se aplican 4 pesos por dólar de exportaciones primarias y 3 pesos por dólar al resto de las exportaciones, con un impacto total de, 1,1% del PBI.

Son dos las cuestiones a destacar al respecto.

Una remite al fondo que supone restablecer retenciones a las exportaciones, cuando una de las primeras medidas de la gestión Macri fue la eliminación de las retenciones y un cronograma de disminución de las retenciones a la soja.

Fue un compromiso con los sectores hegemónicos del agro, la industria y la minería, que ahora critican el restablecimiento de las mismas, aun pesificadas, porque conceptualmente resurge un fundamento rechazado hace ya una década en la gran crisis política del 2008, entre los grandes productores y exportadores del campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Otra cuestión es el cargo en pesos, que con la variabilidad del tipo de cambio podría rápidamente licuarse, aun cuando desde el punto de vista fiscal, al Estado le interesa el ingreso de pesos, ya que el gasto es mayoritariamente en pesos.

¿Qué significa todo esto?

El propio gobierno reconoce que crece y crecerá la pobreza en la Argentina, cuando la campaña electoral y el primer mensaje oficial al país suponían el compromiso de Pobreza Cero. Es una proposición que quedará muy lejos con el ajuste en curso.

La sola devaluación cambiaria, de 9 pesos en diciembre de 2015 a los 40 actuales, o la reciente duplicación de 20 pesos a 40 entre la corrida de mayo y sucesivas, sin límite predecible en el corto plazo, significa traslado a precios de la economía, especialmente en aquellos que afectan la canasta de consumo cotidiano y por ende con impacto entre sectores más empobrecidos: perceptores de salarios, jubilaciones o planes sociales, la mayoría de la sociedad.

Argentina dolarizó en estos años el precio de los combustibles y de las tarifas de servicios públicos, afectando la cadena de precios de buena parte de los consumos populares, especialmente alimentos y medicamentos.

Todo contribuye a alejar la capacidad de cobertura de necesidades sociales con los ingresos populares devaluados.

De hecho, el gran objetivo del capital hegemónico apuntaba a la reducción del costo laboral, algo que no pudo avanzar por vía legislativa ante la resistencia impuesta por el movimiento sindical y territorial de trabajadores, que en conjunto desplegaron iniciativas de confrontación y límite a los propósitos de reforma laboral regresiva, al estilo Brasil.

Sin embargo, con la devaluación cambiaria redujeron los salarios en dólares, mejorando la ecuación a favor de los inversores dolarizados que el gobierno aspira atraer para inversiones en energía, yacimiento Vaca Muerta de hidrocarburos no convencionales por ejemplo; o en comunicaciones y áreas de infraestructura.

Las negociaciones salariales paritarias han sido condicionadas en estos años, estableciendo techos por debajo de la inflación, lo que supone pérdida de ingresos salariales en la distribución funcional del ingreso.

Para este año el techo se había establecido en 15%, luego se flexibilizó a 20% y algunas organizaciones sindicales lograron actualizaciones del 26 al 28%, en un gran logro de lucha y organización. La realidad ahora desbordada de una pauta inflacionaria del orden del 40% esperado aleja cualquier recomposición salarial contra precios.

En el mensaje presidencial del lunes 3 de septiembre, no son sin cinismo, Macri señaló la imposibilidad de satisfacer la demanda salarial de los profesores universitarios, en paro desde el 6 de agosto, en el marco de un conflicto que ascendió a la toma de varios institutos universitarios y masivas movilizaciones callejeras de la comunidad universitaria más allá de la demanda corporativa de los docentes.

Con el deterioro de los ingresos populares como el principal efecto, se agudiza la perspectiva recesiva de la economía argentina. El propio INDEC informa que: “La actividad de la industria manufacturera de julio de 2018 presenta una baja de 5,7% respecto al mismo mes del año 2017. En el acumulado de los primeros siete meses de 2018 en su conjunto, el estimador mensual industrial (EMI) alcanza el mismo nivel que en igual período del año anterior, por lo que registra una variación interanual de 0,0%.”[2]

El apoyo de EEUU y de Trump

Importa destacar el apoyo del poder económico y político mundial, del FMI y su principal accionista: EEUU y su inefable titular.

En junio pasado y con escaso tiempo de negociación, el FMI apoyó con un crédito inusual de 50.000 millones de dólares al gobierno argentino y por tres años.

Ya se desembolsaron 15.000 millones y se suponían desembolsos de 3.000 millones cada tres meses desde septiembre del 2018.

El FMI ya realizó la primera auditoría y desde ayer se renegocia el acuerdo en Washington.

Aun cuando resten semanas para la aprobación oficial, la Directora Gerente, Chrstiane Lagarde ya anticipó el acuerdo que consistiría en adelantar los aportes previstos para 2020 y 2021 antes de finalizar 2019 (fin de mandato Macri), a cambio del shock de ajuste antes comentado.

Por si había dudas, y aun creciendo el “riego país” a 739 puntos en la fecha, Donald Trump se comunicó telefónicamente con Macri para manifestarle su acuerdo con el rumbo económico y el liderazgo del Presidente de Argentina en la región latinoamericana, al tiempo que ratificó la presencia en la Cumbre del G20 (coordinado este año por Argentina) a realizarse en Buenos aires el 30/11 y el 1/12 próximos.

No hay dudas, el principal accionista del FMI dice que el organismo internacional debe facilitar los recursos necesarios para sostener al principal aliado político en la región.

El tema es que más allá de inversiones externas demoradas por el ciclo mundial de la economía, el poder mundial necesita del gobierno argentino en su apuesta al cambio de agenda en la región a favor de los intereses del gran capital.

La consideración es que el consenso electoral a un programa de derecha como el argentino, resulta más funcional que cualquier otro gobierno deslegitimado por origen golpista, caso del Brasil, en su prédica contra Venezuela o los mecanismos de integración alternativa que supieron destacarse hasta hace pocos años.

Es aun mayor el apoyo del poder mundial que el del bloque de poder local, ya que la burguesía exportadora recela del retorno de las retenciones, aunque estas sean en pesos. Puede pensarse que también temen por nuevas rondas de extranjerizaciones, también motivadas por la ventilación de casos de corrupción que involucran a firmas emblemáticas del poder económico local.

Los propios socios gubernamentales recelan de la forma de gestión, muy auto-centrada en el partido de Macri, el PRO, con relativo escaso papel en el Poder Ejecutivo de otros integrantes de la coalición de gobierno, CAMBIEMOS.

Se trata de un intento de nueva hegemonía en el sistema político de la Argentina, con un Presidente constitucional, que por primera vez en la historia con vigencia de la Constitución (1916) no es ni radical ni peronista. Es un intento que se inició con el voto en 2015, se afianzó en 2017 y pretende consolidar en 2019.

Ahí está la duda política de la coyuntura en el país y el interrogante es si Macri renueva para un nuevo periodo presidencial y recrea su estrategia de cambio en la hegemonía de la gestión política de la Argentina, modificando el bipartidismo histórico entre radicales y peronistas.

Existen ruidos en el poder político y el debate es quien administra el ciclo del capital en el país. Son problemas de la superestructura con base estructural de cambios en el poder sustancial del capitalismo local.

La protesta social

Tanto la situación de arrastre como el nuevo shock de ajuste alimentan el descontento, la protesta social y augura aumento del conflicto popular. Ya está anunciado un Paro nacional para el 25 de septiembre de parte de la conducción de la CGT, que para las CTA, la Autónoma y la de los Trabajadores y algunos gremios de la CGT, se inicia el 24 con movilización callejera.

No se trata solo del impacto socioeconómico en la coyuntura, sino de confrontar con el proyecto estratégico del poder.

La ofensiva capitalista en la Argentina se inició en el 75/76, en primer lugar contra los trabajadores y las trabajadoras, sus organizaciones representativas, sus derechos y sus ingresos; encontrando continuidad esencial en los gobiernos de la dictadura genocida en los 70/80 y en los años 90, recreando y profundizando el programa en el presente bajo el gobierno de Mauricio Macri.

No es menor la resistencia popular a la dictadura genocida y a los procesos de reestructuración neoliberal capitalista de los 90 y la actualidad, convocando a discutir la estrategia del movimiento obrero, popular y de la izquierda social y política más diversa para frenar el ajuste y la regresiva reestructuración en curso y habilitar un debate para el despliegue de políticas contra el neoliberalismo y el capitalismo.

Es un desafío para el movimiento popular local con impacto en la situación Nuestramericana para frenar la ofensiva imperialista y conservadora de las clases dominantes en toda la región latinoamericana y caribeña.

No se trata solo de un problema local, sino con capacidad de intervenir en la lucha de clases regional y mundial.


Notas:

[1] Acciones para alcanzar el equilibrio fiscal. 3/9/2018. Información oficial del Ministerio de Hacienda, en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presentacionmedidas20180903.pdf (consultada el 5/9/18)

[2] INDEC. Estimador mensual industrial, Julio de 2018, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_09_18.pdf (consultado el 5/9/18)



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