«Vamos a defender la tierra con nuestra propia vida»
Campesinos denuncian nuevos intentos de usurpación de tierras en Santiago del Estero.
Denunciaron además que los amenazan, les roban vacas y destruyen sus plantaciones.
Por esta razón, demandarán a terratenientes y a policías.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) denunció esta semana dos intentos de usurpación de tierras por parte de terratenientes cordobeses que alambraron 3.600 hectáreas de la comunidades campesinas de «La Pampa» y «Pampa Charquita» en el noroeste del Departamnento de Moreno en esa provincia. Se trata de Aníbal Boyero y Juan Gasparuti, quienes el pasado 16 de junio acompañados de efectivos de la Comisaría Seccional N° 44 de Tintina de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, «apretaron a los pobladores de la comunidad para que desalojen las tierras y los amenazaron con armas largas para que abandonen sus viviendas», según detalló un integrante de la Secretaría de Tierras del MOCASE. Desde ese día hasta el 23 de junio las fuerzas policiales hostigaron a los campesinos en 3 oportunidades, mientras hombres contratados por Boyero continuaban alambrando el terreno que originalmente pertence a los campesinos. Mientras las familias resistieron las amenazas policiales, un abogado del terrateniente realizó una denuncia en el juzgado de cuarta nominación en lo criminal y correccional de los Tribunales de Santiago del Estero, contra los pobladores de Pampa Charquita y La Pampa por el supuesto delito de usurpación de tierra, daños y perjuicios.
Los aprietes sufridos por los campesinos hace una semana son parte de una serie de hostigamientos soportados por las comunidades de Pampa Charquita, La Pampa, El Canchón, El Hoyo, Villa María, Elsita y Santa Ana que se encuentran en el sector noroeste del Departamento Moreno de la Provincia de Santiago del Estero. Entre todas las comunidades hay más de 50 familias de origen indígena quichuista que viven en la zona desde hace más de 150 años, produciendo agricultura, ganadería, artesanías y haciendo productos forestales (Carbón y postes).
Tanto las viviendas como los corrales, cercos, represas, caminos, están ubicadas desde una lógica puramente indigenista: hay posesiones domiciliarias pero también existen las coposesiones comunitarias. En este sentido ningún poblador se apropiaría de territorios comunitarios, por ende no hay alambrados perimetrales sino campos deslindados donde los campesinos mandan a sus animales a pastoreo común. Según los habitantes de esa zona, Boyero y Gasparuti aparecieron hace 1 año. El primero compró los derechos y acciones de una supuesta posesión a nombre de Juan Angel Martines, un puntero político juarista encargado del registro civil de la localidad de Libertad, que jamás ejerció posesión alguna sobre ese lote de 3.600 hectáreas. Desde hace 3 meses los dos terratenientes han violentado los alambrados puestos por los campesinos, quienes cada día volvían a levantar los límites aplastados por topadoras para exigir que respetaran sus posesiones. Al cierre de este informe, las comunidades campesinas lograron evitar el intento de usurpación, pero pudieron verificar cómo los terratenientes le pagaban de su bolsillo a los efectivos de la policía santiagueña por los servicios prestados.
«La comunidad defenderá con su propia vida la tierra que le pertenece hace mas de cien años, porque además de intentar sacarnos lo que nos pertenece, nos amenazan, nos roban vacas y destruyen nuestras plantaciones», explicó un campesino de esa zona a ANRed. Además, los responsables del área legal del MOCASE adelantaron que realizarán la próxima semana 3 acciones judiciales en los fueros ordinarios de Santiago del Estero por los siguientes cargos de «Cierre indebido de caminos, usurpación de la posesión y amenazas reiteradas a los pobladores» contra el terrateniente Aníbal Boyero. Contra los policías de la comisaría 44 de Tintina los campesinos iniciarán otra denuncia por «abuso a la autoridad y falta a los deberes de funcionario público» y en el fuero civil santiagueño promoverán un recurso de «retención de la posesión», según lo establece la Ley N° 23.302 sobre comunuidades indígenas y los respectivos artículos de propiedad veinteañal que reconocen la posesión a quienes habitan tierras por más de 20 años.