San Miguel: despiden trabajadoras de la salud por garantizar derechos
El municipio de San Miguel despide a una trabajadora social y una obstétrica que garantizan derecho en el primer nivel de atención en la Secretaría de Salud y Bienestar Familiar. Desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir publicaron un comunicado «Denunciamos la persecución ideológica y los despidos que el Intendente Jaime Méndez, con el aval político de Joaquín de La Torre, Ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, está llevando a cabo con las trabajadoras de la salud, que garantizan los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de la población de San Miguel». Por ANRed
El municipio de San Miguel despide a una trabajadora social y una médica obstetra que garantizan derecho en el primer nivel de atención en la Secretaría de Salud y Bienestar Familiar. Se trata de la trabajadora social Cecilia Ayala que desempeñaba su labor desde hace 3 años en el Centro de Salud Dra. Marta Antoniazzi (Barrio Sarmiento), y la obstétrica Carina Luchetti, quien se desempeñaba en el Centro de Salud Cándido Castelo de Barrio Cuartel II con una antigüedad de 14 años en el municipio.
Los argumentos que esgrimieron las autoridades para tomar la decisión de despedirlas fueron: para el caso de Cecilia Ayala, el subsecretario de salud Dr. Diego Lambert dijo que la senadora nacional María Belén Tapia había realizado una recorrida por el centro de salud y observó la presencia de un cartel que era “incoherente” con la política del municipio, el cartel decía “NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS” realizado por el grupo de mujeres en situación de violencia que funciona en el centro de salud. Ante la pregunta del porqué del despido el subsecretario manifestó que se evaluaba que no estaba “a favor de la vida”.
En relación a los motivos del despido de Carina Luchetti luego de que ella denuncie las violencias obstétricas en los casos que corresponden, los motivos que el subsecretario esgrimió para su despido fueron “que el Dr. Pittaro no podía trabajar con ella”.
El Doctor Alejandro Pittaro, Jefe del Programa Materno Infantil del Primer Nivel de Atención en el Hospital Larcade, ha sido denunciado en otras oportunidades por su postura en contra de los derechos sexuales y reproductivos.
«Se destaca que el Dr. Alejandro Pittaro, ha explicitado en la presentación de la política pública llamada “consejería Guadalupe” que el objetivo de la misma es evitar más “muertes de bebés”. Entre sus fundamentos, afirmó: “… durante el año 2017, la maternidad Estela de Carlotto había realizado 63 Interrupciones Legales del Embarazo (ILES) a mujeres con domicilio en San Miguel”, es decir, que la Consejería Guadalupe, tiene como principal tarea violentar una ley de casi 100 años de antigüedad, persuadiendo a las mujeres, lesbianas y trans gestantes a renunciar a su derecho de interrumpir legalmente un embarazo ¿Qué pasa si decide no renunciar a sus derechos? El Estado Municipal de San Miguel las deja a merced de la clandestinidad » expresa el comunicado de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.
Otro antecedente, fue el despido realizado en el mes de mayo de la trabajadora social Silvana Rodriguez que se desempeñaba en el CIC María Lobato, luego de una persecución realizada por la secretaría de salud, a partir de articular junto con la médica generalista del equipo, una ILE (interrupción legal del embarazo) Causal Violación con la Maternidad Estela de Carlotto.
Desde la Red de Profesionales por el Derecho a decidir maniestan su denuncia frente a lo que consideran una persecusión ideológica de aquellas trabajadoras que garantizan derechos.
«Destacamos que las trabajadoras despedidas hace años vienen poniendo en el centro, la vida. Todas las vidas vivibles, entendiendo la maternidad como un derecho y no como una condena.Denunciamos la persecución ideológica y los despidos que el Intendente Jaime Méndez, con el aval político de Joaquín de La Torre, Ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, está llevando a cabo con las trabajadoras de la salud, que garantizan los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de la población de San Miguel, el distrito con mayor cantidad de casos de sífilis en toda la provincia de Buenos Aires y que no distribuye preservativos para frenar esta enfermedad por razones religiosas que nada tienen que ver con la ciencia ni con la ley. Respetamos todas las creencias pero no por ello la política pública debe ser hundirnos en la ignorancia y las enfermedades de transmisión sexual».