26/08/2018

De Río Negro a Almería: la desaparición de Daniel Solano y las cadenas globales de la agroindustria

Concentración empresarial, valor agregado en la distribución y competitividad en los precios a base de intensificar la explotación laboral y el uso extractivo de los recursos son los ingredientes que conforman los mercados mundiales de alimentos, en manos de unas pocas empresa. Por Helios Escalante.


Daniel Solano era un joven guaraní procedente de la comunidad Cherenga de Salta, provincia del norte de Argentina. En noviembre de 2011 viajó, junto a otras 20 personas de su zona, a la zona del Alto Valle en la provincia de Río Negro, a trabajar en la cosecha de peras y manzanas. Se trata de una migración habitual por parte de los jornaleros procedentes de las zonas más pobres de Argentina, a quienes se conoce como “golondrinas” y que son, en su mayoría, indígenas. Durante la temporada de la fruta pasan meses hacinados en barracones, con jornadas laborales de 10 o 12 horas.

Daniel y sus compañeros comenzaron a trabajar para la empresa Expofrut, una de las más grandes de la zona, a través de otra empresa intermediaria, Agrocosecha. La primera paga fue menos de la mitad del dinero acordado, una práctica fraudulenta habitual y fuente de importantes beneficios para las empresas intermediarias. La mayoría prefirió no decir nada, muchos ni siquiera podían estar seguros de haber sido estafados por la forma poco clara en que se llevan a cabo los acuerdos. Pero Daniel sí se presentó en las oficinas de la empresa a reclamar el dinero que se le debía. Habló con sus compañeros y comenzó a organizar una huelga de protesta para dos días después. Esa misma noche salió con varios compañeros a una discoteca de la localidad de Choele Choel. Sobre las 3 de la mañana, un grupo de policías lo sacó del local a la fuerza, según diversos testigos. No se volvió a saber nada de él.

Siete años después, y tras una larga lucha encabezada por su padre, el 5 de agosto de 2018 siete policías eran condenados a cadena perpetua por “homicidio agravado”, tras demostrarse su responsabilidad en la muerte y desaparición de Daniel. El caso de Daniel Solano y los demás “golondrinas” asesinados por reclamar sus derechos pone al descubierto una red de explotación y encubrimiento alrededor de la compañía Expofrut en la que participan empresarios, políticos, sindicalistas y policías; pero sobre todo es una muestra de cómo las cadenas agroalimentarias de valor que operan a escala mundial basan su competitividad en la explotación intensiva de la fuerza de trabajo y los recursos naturales en los diferentes territorios.

Las tramas de explotación y los otros desaparecidos

Pocos días de después de la desaparición de Daniel, su padre Gualberto Solano se desplazó desde Salta a Choele Choel para tratar de localizarlo. La empresa le facilitó un abogado, que trató de convencerlo, recurriendo incluso a falsos testigos, de que Daniel se había ido voluntariamente. Con la ayuda de otros abogados —Sergio Heredia y Leonardo Aparicio, próximos a la comunidad guaraní de la que procedían—, lograron no solo reconstruir lo sucedido la noche de la desaparición, sino desentrañar el procedimiento de estafa a los trabajadores inmigrantes y la red que la sostenía, identificando a más de 30 personas, entre ellas los siete policías condenados. Comenzó un largo proceso judicial y de movilización social, simbolizado en la acampada que Gualberto Solano y los abogados mantuvieron durante más de seis años en la plaza de Choele Choel. Gualberto murió en abril de 2018, con la satisfacción de ver sentados en el banquillo de los acusados a los asesinos de su hijo, pero sin haber llegado a oír la sentencia condenatoria.

En el transcurso de la investigación salieron a la luz más desapariciones de trabajadores en la zona. Algunos han sido claramente identificados, como Hector Villagrán, compañero de Daniel en Agrocosecha y natural de Jujuy, desaparecido un mes después que él; Pedro Cabañas Cuba, paraguayo que trabajaba para uno de los falsos testigos de la desaparición de Daniel, y cuyo cadáver apareció en una finca propiedad de uno de los policías condenados, o Umberto Cullevay, otro jornalero, cuyo cadáver apareció en un río. Hay otros cuyos nombres y procedencias se desconocen. Pero lo que ha quedado claro es que la desaparición de Daniel Solano no es un hecho excepcional y aislado, sino que el asesinato de jornaleros es la expresión más extrema de una serie de procedimientos de trata para la explotación laboral en el sector de la fruta de Río Negro.

Este modus operandi no solo tiene paralelismos con el de las redes de trata para la prostitución (captación de personas en provincias pobres bajo ofertas engañosas, retención y hacinamiento, amenazas y violencia…), sino que ambos están conectados por múltiples vías. En el caso de Daniel Solano se ha podido demostrar, por ejemplo, que Paulino Rivera, patrón de Pedro Cabañas y uno de los testigos que declararon en un primer momento para desviar la atención de la desaparición de Daniel, es además responsable de la prostitución de mujeres paraguayas en Choele Choel y Lamarque.

El poder de Expofrut

La provincia de Río Negro es la principal zona productora de fruta de pepita (manzana y pera) de Argentina. Forma parte de las llamadas “economías regionales extrapampeanas”, desarrolladas en los años treinta a partir de una serie de especializaciones productivas en las distintas provincias periféricas (arándanos y cítricos en Entre Ríos, ajo en Mendoza, tabaco en Salta y Jujuy, yerba mate en Misiones y Corrientes, aceitunas en Catamarca y La Rioja…) con el objetivo de diversificar la producción agroganadera argentina. En esta zona se fundó Expofrut SA en 1971, que fue creciendo en el sector de la manzana al controlar no solamente la producción sino también el envasado y la distribución. A mediados de los años 80 comienza su relación con el grupo italiano Bocchi, que le abre las puertas de los mercados europeos y que en 1993 adquirió la totalidad de sus acciones, pasando Expofrut a ser su filial argentina. A su vez, en 2006, el holding belga Univeg, con presencia en cuatro continentes, adquirió la totalidad del grupo Bocchi. Puede establecerse de esta forma la línea que va desde los campos de peras y manzanas de la Patagonia, donde los temporeros trabajan para Expofrut con la intermediación de Agrocosecha, hasta los mercados europeos controlados por grandes empresas distribuidoras como Univeg. Es este control del acceso a los mercados globales, junto al alto grado de explotación al que somete a sus trabajadores, lo que ha permitido a Expofrut y otras pocas empresas conseguir una posición hegemónica en una economía regional dependiente de la exportación internacional.

Un dato que permite comprender la influencia de Expofrut y su vinculación con el poder político es el nombramiento a finales de 2017 de su director, Fernando Oris de Roa, como embajador argentino en Estados Unidos. Esta decisión se enmarca en la política del presidente Mauricio Macri de situar a destacadas figuras empresariales en cargos de responsabilidad política (es el caso de casi todos sus ministros), lo que algunos autores han denominado la “CEOcracia argentina”. Oris de Roa no es el único empresario vinculado con la trata de personas para explotación laboral que ha sido premiado por Macri. El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, fue imputado por prácticas esclavistas, y el actual embajador en España, Ramón Puerta, también lo estuvo por trata de personas y explotación infantil en sus plantaciones de mate en Misiones. Se trata, por tanto, del espaldarazo político a un modelo de explotación laboral intensiva en las zonas rurales.

De Río Negro a Almería

Tal como explica el economista sevillano Manuel Delgado Cabeza, a partir de los años 80 “los procesos de producción, distribución y consumo alimentario se integran por encima de las fronteras estatales; de modo que las formas de gestión de las organizaciones empresariales que modulan la dinámica del sector contemplan ahora el acceso, tanto a los recursos como a los mercados, a escala mundial (global)”.

El caso de Expofrut ilustra a la perfección este proceso de globalización de la industria agroalimentaria. El entrelazamiento de capitales y mercancías vinculan a la empresa argentina con los cultivos de invernaderos en Almería por su relación con el Grupo Bocchi, primero, y con Univeg, después.

Bocchi llegó a Almería a principios de los 80 y, al igual que en Río Negro, facilitó la exportación de productos hortofrutícolas a los mercados europeos en el momento álgido de la expansión de los cultivos bajo plástico, llegando a convertirse en el mayor importador de productos almerienses.

Por otra parte, en la primera década de este siglo, el grupo Univeg acabó adquiriendo el 50% del capital de diversas empresas almerienses de comercialización de productos hortofrutícolas, integradas en el grupo YES. La compra del grupo Bocchi por parte de Univeg en 2006 no hizo sino multiplicar la presencia del operador italiano en el poniente almeriense, en el marco de una estrategia de integración vertical (que posteriormente dio otro paso más al fusionarse con otras empresas dentro de la multinacional Greenyard) y de firma de acuerdos laterales con Bayer y Syngenta. Resulta significativo comprobar cómo, por encima de estos vínculos empresariales, la figura paternalista del fundador y líder del grupo, Nino Bocchi, tuvo una presencia similar en territorios tan distantes como la Patagonia y Almería, como muestran las necrológicas aparecidas tras su muerte en 2008 en periódicos locales de ambas zonas.

Concentración empresarial, valor agregado en la distribución y competitividad en los precios a base de intensificar la explotación laboral y el uso extractivo de los recursos (agua, suelo, energía). Estos son los ingredientes que conforman los mercados mundiales de alimentos en manos de unas pocas empresas reproduciendo las mismas dinámicas de especialización exportadora en los distintos territorios. La violencia empleada contra los jornaleros del Alto Valle de Río Negro no es por tanto una particularidad regional, ni una excepción. Los asesinatos de Daniel Solano, Pedro Cabañas o Héctor Villagrán responden a la misma lógica que el de Soumaila Sacko en Calabria, en junio de este año, o que la violencia sexual contra las jornaleras de la fresa, también inmigrantes, en Huelva: son intentos de disciplinar la fuerza de trabajo agraria para imponerle condiciones que hagan competitiva la participación en los mercados globales.

Fuente: El Salto



0 comentarios

1000/1000
Los comentarios publicados y las posibles consecuencias derivadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Está prohibido la publicación de comentarios discriminatorios, difamatorios, calumniosos, injuriosos o amenazantes. Está prohibida la publicación de datos personales o de contacto propios o de terceros, con o sin autorización. Está prohibida la utilización de los comentarios con fines de promoción comercial o la realización de cualquier acto lucrativo a través de los mismos. Sin perjuicio de lo indicado ANRed se reserva el derecho a publicar o remover los comentarios más allá de lo establecido por estas condiciones sin que se pueda considerar un aval de lo publicado o un acto de censura. Enviar un comentario implica la aceptación de estas condiciones.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Ir arriba