22/08/2018

Macarena y las dos luchas

Macarena Valdés fue asesinada por ser mujer mapuche y defender el territorio ancestral de la comunidad Newen de Tranguil, en la comuna de Panguipulli en el Ngulu Mapu, actual Chile. Hoy 22 de agosto, a dos años, su familia, la comunidad y la Coordinadora Justicia para Macarena impulsan marchas y conversatorios a nivel nacional y local. También se están iniciando los trámites para llevar el caso ante la Organización de Naciones Unidas. La comunidad Newen de Tranguil da impulso a dos luchas que van juntas: la exigencia de justicia por Macarena, y la que sostiene para que se respete su derecho a la tierra, en una acción legal contra la hidroeléctrica RP Global, ahora RP Arroyo. Por Julia Porto

Rubén Collío es el compañero de Macarena y werken de la comunidad. La semana pasada, el 14 de agosto en Valdivia, se reunió con dos integrantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A las comisionadas les llamó la atención una serie de hechos: que no se avanzara en la investigación; que la Fiscalía hubiera intentado cerrar el caso dos veces; que no hubiera ningún seguimiento de las amenazas constantes que reciben las lamngenes y los peñis de la comunidad. “Quedó claro que no está habiendo voluntad política de investigar”, dice Rubén.

Newen de Tranguil resistía (resiste) al avance de la hidroeléctrica transnacional RP Global, ahora RP Arroyo, y en medio de una escalada de tensión a mediados del 2016, Macarena Valdés fue encontrada colgada en su casa, el 22 de agosto de ese año. Dos hombres habían hecho amenazas hacia la familia el día anterior, y a pesar de eso, la causa intentó ser caratulada como suicidio.

En enero del 2018, sus familiares entregaron en la Fiscalía Nacional pruebas científicas de que Macarena habría estado sin vida al momento de ser colgada. Al día de hoy, no hay imputados ni detenidos. Macarena Valdés, la Negra, lamngen mapuche, en el 2016 tenía 32 años, y era una figura fuerte y visible en Tranguil. Había empezado a organizarse con otras mujeres, acompañando a las que vivían situaciones de violencia machista. Daba clases de siembra y de conservación de alimentos, para que lo obtenido de las cosechas pudiera ser sustento durante todo el año. Macarena y Rubén habían llegado hacía tres años desde Santiago, con sus entonces tres hijos (el cuarto nacería allí), para llevar una vida nueva, en conexión con sus raíces mapuche. Juntos daban talleres de mapudungún, y también, formaron a sus vecinas y vecinos ante lo que representa la instalación de una hidroeléctrica, brindando argumentos técnicos que fortalecieron la resistencia de la comunidad.

Ninoska Pailakura es lamngen mapuche de la comunidad, integrante de la Coordinadora Justicia para Macarena, y dice: “Macarena nunca dejó de luchar, y tenemos la certeza de que tampoco dejó de luchar en el momento en que entraron a asesinarla”. Hoy habrá movilizaciones para conmemorar a Macarena a nivel nacional en todo el territorio chileno, en las ciudades de Santiago, Concepción, Pucón, Villarrica y Valdivia, y se llamará a actividades de conversación en Panguipulli. En un comunicado del 16 de agosto pasado, la Coordinadora Justicia para Macarena exige “que el Servicio Médico Legal devele en breve el informe forense y se manifieste por su falta de celeridad en el proceso, a sabiendas de que el informe de la segunda autopsia es crucial para avanzar en justicia. Asimismo, interpelamos nuevamente al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, a que tome las cartas en el asunto para que el crimen de Macarena no quede en la impunidad, como es el caso de la mayoría de las y los mapuche asesinados”.

Acercando el caso de Macarena a la ONU

Desde el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, se comprometieron a filtrar los relatores que se ajustarían mejor, y a coordinar esa vinculación: Naciones Unidas atiende una gran variedad de casos y existen relatores para cada situación. Los relatores se encargan de hacer preguntas a los Estados, que éstos están obligados a responder. Es un proceso largo, y entre preguntas de los relatores, respuestas del Estado, repreguntas y nuevas respuestas, puede llevar hasta dos años. –Son trámites muy burocráticos y muy lentos, pero sirven como medida politica y de presión social –dice Rubén. Al mismo tiempo, están desarrollando los pasos necesarios para presentar el caso en la sede de Ginebra de la ONU. Para esto es necesario cumplir con una serie de protocolos: uno de ellos es que toda propuesta debe ser respaldada por una organización con carácter consultivo. Por este motivo, la familia de Macarena y su abogada Natividad Llanquileo se encuentran en diálogo con la Asociación para los Pueblos Amenazados, que podría respaldar la presentación.

Vivir en Tranguil

La comunidad ancestral Quillempán, llamada Newen de Tranguil a partir de su registro en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), vive en un predio de 196 hectáreas. Queda en un pueblo pequeño que se llama Tranguil, en la comuna de Panguipulli al sur de Chile, en el Ngulu Mapu, nombre del territorio mapuche al oeste de la cordillera; desde Argentina, la comunidad se encuentra a unas dos horas desde Junín de los Andes.

La familia de la lonko Julia Quillempán posee títulos de propiedad, otorgados por el Estado chileno en 1919. A mediados del 2013 y principios del 2014, RP Global Chile, ahora RP Arroyo, comenzó a hacer exploraciones y a acercarse a las y los vecinos para instalarse en el territorio. La empresa, que en su página web se presenta como una empresa “sustentable”, de “energías renovables”, es parte del Grupo RP GLobal, holding de capitales austríacos, chilenos y españoles entre otros, que integra el Grupo Hydrocontracting, y del Grupo Saesa (Sociedad Austral de Electricidad Sociedad Anónima), empresa chilena que genera, transmite y distribuye electricidad. La central del río Tranguil, que hoy ya está construida y en funcionamiento, con el río entubado en ocho kilómetros, es la primera entre otras centrales hidroeléctricas de paso que la empresa pretendía desarrollar en Chile. Estas llamadas “minicentrales” comenzaron a aparecer en el sur de Chile tras el retiro de los grandes proyectos hidroeléctricos. En la zona de lagos donde está Tranguil, existen al menos ocho proyectos: Desagüe Riñihue, Liquiñe, Pellaifa, Piutel, Río Hueico, Raguinlelfu, Trafun y Truful.

Entre octubre y diciembre del 2015, RP Global comenzó a trasgredir el predio de la familia Quillempán, avanzando más allá de sus límites, circulando con camionetas y con autos, iniciando las obras. Sobre un cementerio ancestral se construyó la sala de máquinas; sobre otro donde había enterradas unas 25 personas, se trazó un camino. Se desvió el curso del río y se extrajeron áridos de forma irregular. Según consta en el “Informe sobre la Muerte de Macarena Valdés Muñoz, Asesinada en la Comunidad Newen de Tranguil, comuna de Panguipulli” (que sería presentado ante la ONU, en adelante el Informe), la empresa de capitales austríacos y chilenos se instaló “sin Estudio de Impacto ambiental, sin Declaración de Impacto ambiental, sin hacer Participación Ciudadana, como lo establece la Ley 19.300, sin hacer Consulta a los pueblos originarios, como lo establece el Convenio 169 de la OIT [al que Chile suscribió en el 2008], en este caso al pueblo mapuche, y sin respetar que Panguipulli está declarada como Zona de Interés Turístico (ZOIT)”.

Newen de Tranguil está llevando adelante un proceso legal contra la empresa, demandándola por usurpaciones de territorio. Esta demanda se está acompañando con un análisis topográfico y un análisis arqueológico. Para el análisis topográfico un perito realizó un estudio de los planos del terreno, brindando detalles técnicos; el análisis arqueológico apunta a demostrar que la hidroeléctrica está afectando a la comunidad, avanzando sobre espacios que tienen un gran valor simbólico y cultural, como los cementerios.

Cuando un proyecto de muerte interrumpe un plan de vida

Rubén Collío es ingeniero ambiental, y ya a mediados del 2014 había ayudado a enfrentar a RP Global, aportando sus conocimientos técnicos en reuniones con otros miembros de la comunidad. En el 2015, cuando la empresa comenzó a avanzar sobre el predio, los Quillempán le pidieron ayuda. Entonces Macarena y Rubén pasaron a formar parte activa de la resistencia a la hidroeléctrica, explicando el impacto que estaba teniendo y que tendría la obra. En ese proceso, Rubén fue nombrado werkén, y con su ayuda la comunidad realizó una serie de acciones, como desarrollar un análisis de la situación, notificar a las autoridades de la región, e iniciar un período de reuniones con los organismos de gobierno encargados – la Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En aquel entonces, para seguir avanzando, la empresa buscaba instalar un tendido de cables de alta tensión en el territorio, que conectarían la central con las líneas de distribución. Ante esto, el 1 de agosto del 2016, la comunidad realizó un corte de ruta desde la mañana, en el cruce Reyehueico sobre la ruta CH 201, en una acción pacífica para evitar el tendido eléctrico y visibilizar el conflicto con la hidroeléctrica ante las autoridades locales. Macarena y Rubén participaron. Un operativo de carabineros se acercó al lugar. A las 16:00 hs, la entonces gobernadora de Valdivia, Patricia Morano Büchner (Democracia Cristiana), ordenó por teléfono que RP Global se retirara del terreno, y se comprometió a tener una reunión con la comunidad. Esa reunión se realizó el 19 de agosto del 2016: funcionarias y funcionarios regionales reconocieron que existían irregularidades en la instalación de la empresa, y la Gobernación se comprometió a tomar algunas medidas. Así, la Dirección General de Aguas (DGA) dio curso a dieciséis multas hacia RP Global, y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), entidad privada dependiente del Ministerio de Agricultura que administra la política forestal de Chile, iniciaría dos procesos legales en su contra. A partir de estos sucesos, se produjo un aumento de tensión y de violencia hacia quienes habitaban el territorio, con amenzas a la lonko Julia Quillempán y a su sobrina Sandra Catripán, vidrios rotos y autos que frenaban ante las casas y salían arando en la mitad de la noche, que culminaría en el asesinato de Macarena Valdés.

Como Bety Cariño Trujillo en México, como Berta Cáceres, Lesbia Janeth y Margarita Murillo en Honduras, como Laura Vázquez Pineda en Guatemala, Macarena Valdés fue asesinada por ser mujer indígena y resistir al avance del capital transnacional extractivo. En el comunicado nombrado arriba, la Coordinadora Justicia para Macarena señala: “El asesinato a los y las defensoras de la tierra que está ocurriendo en toda América Latina, se enmarca en la ‘pacificación social’ que conlleva la implementación de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que busca, a grandes rasgos, ‘mejorar’ la conectividad vial de la región, para facilitar la explotación de yacimientos hidrocarburíferos, minerales, recursos genéticos, acuáticos y agropecuarios, y su transporte para su posterior exportación. En otras palabras, un sistema continental de extractivismo subdividido en diez ejes”.

Tres días seguidos

Los hechos se sucedieron rápido. El día 21 de agosto, tres hombres llegaron en una camioneta de RP Global a la casa de Mónica Pailamilla, la dueña del terreno donde vivían Macarena, Rubén y sus cuatro hijos. Dos de los hombres eran Juan Luengo y Osvaldo Jaramillo Paillán; el tercero, chofer del auto, se mantuvo aparte. Luengo y Jaramillo dijeron que Rubén había generado conflictos y divisiones en la comunidad, y que la familia podía llegar a ser dañada. Le exigieron a Mónica que los desalojara. El 22, Macarena apareció muerta en su casa, colgada de una viga. La encontró cerca de las 16:30 hs uno de sus hijos, de once años, cuando volvió de la escuela; el chico cortó la soga pensando que podía salvarla, y salió al camino a pedir ayuda. Macarena había estado todo el día con su hijo de un año y tenía listo un bolso para llevarlo al consultorio médico de Liquiñe; a eso de las 12:30, un vecino le había entregado unos salmones; había dejado preparada la comida. El 23, un grupo de trabajadores de SAESA, escoltado por Carabineros, trató de instalar el tendido de alta tensión en el territorio. No lo lograron ese día: la comunidad opuso resistencia y a las 13:30, la gobernadora llamó por teléfono, ratificando el acuerdo del 19 de agosto en la asamblea. El 13 de octubre, 55 días después, trabajadores de SAESA acompañados por un contingente de 60 efectivos del GOPE (Fuerzas Especiales de Carabineros, provenientes de Valdivia), instalaron el cableado: así, rápidamente se vería roto el acuerdo con el gobierno provincial. Desde la gestión actual de la gobernadora María José Gatica (Renovación Nacional) no ha habido ningún tipo de acercamiento, según señalan desde la comunidad.

Las pruebas de que Macarena no se suicidó

Aunque Macarena apareció muerta al día siguiente de que la familia fuera amenazada, la causa intentó ser caratulada como suicidio. El Servicio Médico Legal (SML) y la Policía de Investigaciones (PDI) sostuvieron esa tesis, amparadas por la firma del médico Enrique Rocco, quien tras la primera autopsia certificó “muerte por asfixia y ahorcamiento”, según señala el Informe. Desde el primer momento, a Rubén Collio le pusieron trabas en el acceso a la investigación. Con el apoyo de la primera abogada que acompañó a la familia y a la comunidad, Manuela Royo, realizó una querella contra los que resulten responsables “en calidad de autores, cómplices o encubridores, por el delito de homicidio simple”; la querella fue presentada el 17 de octubre del 2016 en el Tribunal de Panguipulli, y enviada a la Fiscalía regional de Valdivia recién un mes y medio después, por presión de la abogada. La Fiscalía de Panguipulli intentó cerrar la investigación dos veces. La primera, el 7 de marzo del 2017: en una audiencia se informó de esa decisión a Rubén Collio. La investigación siguió adelante porque la familia se comprometió a costear de manera particular un meta peritaje (un informe técnico realizado por un especialista, a fines de determinar si existió o no falta rigor técnico o metodológico en un informe pericial) sobre el informe de la primera autopsia, luego gestionado con el Fondo Urgente Para las Mujeres de América Latina (FAU). Cuando se hizo entrega del meta peritaje, el 9 de agosto de 2017, la Fiscalía informó nuevamente que la investigación sería cerrada. De ese modo, la familia tuvo que recurrir a la Fiscalía regional de Valdivia para entregar la documentación y solicitar la reapertura de la causa, finalmente reabierta el 23 de agosto del 2017. Tres especialistas aportaron pruebas de que el cuerpo de Macarena no presentaba las lesiones óseas ni internas de quien se suicida colgándose. Así, esa tesis primera sería refutada en veces sucesivas: inicialmente, el doctor Andrei Tchernitchi dijo que la vértebra cervical no estaba rota. Después de la reapertura de la causa en agosto del 2017, se realizó una segunda autopsia en la que además de los médicos del SML, participó el médico forense Luis Ravanal, contratado por la familia de Macarena, quien es reconocido internacionalmente por cuestionar la tesis de suicidio del presidente de Chile Salvador Allende. Allí se tomaron muestras de tejido cervical, que luego analizó la doctora anatomopatóloga Carmen Cerda Aguilar, directora subrogante del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y profesora titular.

Macarena habría estado sin vida cuando fue colgada: “Se puede considerar que se trataría de la suspensión cervical por lazo de un cadáver”, afirma el informe que muestra los resultados de la autopsia y del análisis de laboratorio. Presentado el 16 de enero de 2018 en la Fiscalía de Panguipulli, señala además las anomalías de la primera autopsia, terminando de quitar todo sustento al montaje de suicidio, que se mantuvo durante 18 meses. El Servicio Médico Legal aún no ha presentado su informe de esta segunda autopsia. El 9 de febrero de 2018 se sostuvo una reunión con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en la que se entregaron los resultados obenidos por la doctora Cerda Aguilar y el forense Ravanal, junto a una carta de interpelación a la que adhirieron organizaciones de todo el país, exigiendo que se avanzara en la investigación. A pesar de que cuenta con esta información, cuatro meses después, en junio, el Fiscal Nacional respondió que no había nuevos antecedentes de relevancia. La comunidad mantiene su fuerza. –Vamos a seguir luchando. Tenemos la convicción de que va a haber justicia por Macarena, y que va a haber justicia por todos los que han muerto por luchar –dice Ninoska Pailakura. –Que no debería ser así. No deberíamos morir por luchar.

El territorio ancestral

Cuenta Ninoska Pailakura que Panguipulli quiere decir “el espíritu del puma”. Cerca de allí hay otro pueblo que se llama Coñaripe, Kona Rupé en mapudungún, que significa “el camino del kona”: el nombre hace referencia a los senderos que recorrían a pie los konas o aspirantes a guerrero, desde el primer pueblo hasta el segundo, y desde allí hasta Liquiñe. “Ellos hacían ese recorrido, y después tomaban una lucha espiritual, para poder verse y hablar con sus ancestros”, dice Ninoska. Desde entonces el territorio está habitado. Los títulos de propiedad que posee la familia de la lonko Julia Quillempán están bajo la figura de Títulos de Merced, y son parte de los títulos que otorgó el Estado Chileno mediante la Comisión Radicadora de Indígenas a las comunidades mapuche, entre 1884 y 1929 al concluir la ocupación militar, en las provincias de Biobio, Arauco, Malleco, Cautín, Osorno y Valdivia. El predio fue heredado por diez hermanos; tres fallecieron. La división ha ingresado entre las y los siete Quillempán, desde que RP Global comenzó a instalarse. Algunos, atraídos por el dinero, están a favor de la hidroeléctrica.

La lonko Julia Quillempán, una mujer de unos sesenta años, no está dispuesta a negociar; ha cortado caminos y enfrentado camionetas con un machete junto a otras mujeres. A Tranguil fueron llegando muchos colonos, grupos de gente no mapuche que trabaja para la empresa. –La comunidad en sí está super divididida –dice Ninoska. –La mitad de los vecinos no está con la lucha, y lo único que quieren es que nos vayamos. La empresa estaría intentando insertarse en Curarrehue, en la Provincia de Cautín. “Pero con toda la presión internacional y local que hemos hecho, están un poco retrasadas sus intenciones”, dice Rubén Collío. “Hemos logrado instalar que son responsables del clima de violencia que llevó al asesinato de Macarena”.



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