¿A qué apunta la reforma del Sistema de Defensa Nacional?
Mauricio Macri y el Ministro de Defensa, Oscar Aguad
Finalmente, se publicó en el Boletín Oficial el decreto que avala la reforma y reorganización del Sistema de Defensa Nacional. El Gobierno argumenta que es para la protección de “objetivos estratégicos”, como las fronteras, yacimentos petrolíferos, centrales nucleares y represas. A contramano de la medida, hubo 270 despidos en Atucha y el Gobierno desfinanció la construcción de la central Chihuido I en Neuquén. El Gobierno aseguró también que la reforma permite a las Fuerzas Armadas “colaborar con la seguridad interior” y permitió la instalación de una base estadounidense en Neuquén. También manifestó que es para “luchar contra el narcotráfico”, pero en ninguno de los países en los que se implementó tuvo éxito. Entonces, ¿para qué se le dio más poder a las Fuerzas Armadas? Por ANRed.
El gobierno de Mauricio Macri cumplió un viejo anhelo: publicó en el Boletín Oficial el decreto que avala la reforma y reorganización del Sistema de Defensa Nacional, que prevé el uso de las Fuerzas Armadas para «colaborar» con la seguridad interior. El pretexto esgrimido por el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, estaría justificado en «contar con fuerzas especializadas que trabajen en la lucha contra el narcotráfico y el combate al terrorismo» y en la «protección de objetivos estratégicos», cómo yacimientos petrolíferos, fronteras, represas y centrales nucleares.
Sin embargo, al tiempo que le dan más poder a las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Modernización se encargan de vacíar esos «objetivos estratégicos». El caso más emblemático es el de la planta nuclear de Atucha, en Zárate, dónde se despidieron a 270 operarios y está en pleno desmantelamiento. A su vez, también el Gobierno dio marcha atrás con otro «objetivo estratégico»: el proyecto de represa hidroeléctrica Chihuido I en la provincia de Neuquén que, de acuerdo a versiones periodísticas, fue por orden directa del FMI y por no poder financiarlo, paralizó sus obras.
La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich
El proyecto de Cambiemos de militarizar la seguridad interna viene de los años de su think tank: la Fundación Pensar. Fue presentado por primera vez en 2011, cuando la actual vicepresidenta, Gabriela Michetti, era legisladora. Y ejecutado por el Presidente en 2016, tras firmar el decreto 228/16, en el que declaró la Emergencia de Seguridad. Aquel decreto reforzó las fronteras mediante el Operativo Escudo Norte, y habilitó a las fuerzas armadas a derribar aeronaves no identificadas.
Otro de los argumentos que sostienen Macri y Aguad es el del uso de las fuerzas armadas para combatir la lucha contra el narcotráfico. Esta política fracasó en distintos países, como Brasil, México y Colombia, donde, en todos ellos, se multiplicaron los crímenes ejecutados por el Estado. Sólo en México, las fuerzas armadas se cobraron más de 100 mil vidas y más de 30 mil desaparecidos, de acuerdo a los datos aportados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
El gobierno de Cambiemos no ha mostrado pruritos a la hora de reconocer que mantiene relaciones con el Departamento de Estado Norteamericano, y concuerda con la política que éste tiene para la región. Tanto Oscar Aguad como Patricia Bullrich visitaron la sede del Comando Sur, donde recibieron instrucciones y acordaron la compra de armamento para la represión de delitos complejos y para combatir al terrorismo. Entre el arsenal bélico obtenido se destacan varios aviones caza, tanques de guerra y drones lanza gases lacrimógenos.
El acuerdo de seguridad bilateral viene acompañado del asesoramiento de varias agencias estadounidenses, como la DEA y el FBI. Tal es así que, en enero, Patricia Bullrich anunció la creación de una “task force” (fuerza operativa) en la frontera que la Argentina comparte con Brasil y Paraguay. Además, con el aval de Macri, el Departamento de Estado instaló la primer base militar norteamericana en la provincia de Neuquén, bajo el pretexto de brindar “ayuda humanitaria”. Nada más y nada menos que en las cercanías del yacimiento petrolifero de Vaca Muerta en Neuquén.
La decisión de Mauricio Macri de militarizar la seguridad interna ha causado el repudio de vastos sectores de la sociedad, como lo evidenció la multitudinaria concentración del jueves pasado sobre las puertas del Ministerio de Defensa. Luego de los crímenes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, de las represiones contra la resistencia mapuche y contra las y los trabajadores en la marcha contra la reforma previsional, no hace falta retrotraerse a las peores épocas de violencia estatal para adivinar quién es el terrorista para el Estado Argentino.