Comité de Derechos del Niño de la ONU encuadró el caso Facundo Ferreira como testigo de la violencia policial en Argentina
Por Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y estudios sociales)
En la sesión número 78 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, miembros expertos y expertas del Comité consultaron al Estado argentino por las principales vulneraciones de los derechos de los niños y niñas de nuestro país. Entre ellas, el caso de Facundo Ferreira de 12 años, asesinado de un balazo en la nuca por la policía tucumana, fue señalado como caso testigo de la violencia policial en Argentina.
A la violencia estructural señalada durante la sesión, el Comité sumó la preocupación por las denuncias de violencia institucional que atraviesa a niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Llamó la atención sobre una serie de prácticas que incluyen tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en particular en relación a la violencia policial contra las personas menores de 18 años. Según el Comité, en la Argentina existe una importante cantidad de testimonios de detenciones arbitrarias a niños por su aspecto, en su mayoría acompañadas de malos tratos y torturas, amenazas, hostigamientos, simulacros de ejecuciones, armado de causas, intento de involucrar a niños en actividades delictivas, y muertes por gatillo fácil. Señaló su preocupación por la impunidad en el país y citó como caso testigo el de Facundo Ferreira demandando a nuestro país una investigación rápida, efectiva e imparcial.
En esta línea, el Comité definió la Doctrina Chocobar como el uso de violencia letal como primer resorte, e interpeló al Estado a aclarar si es este el enfoque que le está dando al tema de la seguridad, y si esa será la forma de relacionarse de las fuerzas de seguridad con los niños y niñas.
Facundo Ferreira tenía 12 años cuando dos agentes de la policía de Tucumán lo asesinaron por la espalda. El uso claramente excesivo de la fuerza letal contra un niño, fue avalado y legitimado por los gobiernos nacional y provincial, por lo que cabe preguntarnos: ¿el gatillo fácil es una política de Estado?